Luego de seis años del desastre monumental que significó el fenómeno de El Niño costero del 2017, las quebradas San Idelfonso, San Carlos y El León inundaron nuevamente la ciudad de Trujillo, en La Libertad. Esta vez el escenario con el ciclón Yaku ha sido muy similar: familias desesperadas, el agua y lodo irrumpiendo en calles y casas, apagón, miedo y muertes.
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Por si fuera poco, esta emergencia ocasionó que se restrinja el servicio de agua potable en Trujillo por al menos cinco días. Esto debido a los daños que sufrió el canal madre que abastece la planta.
De acuerdo con el reporte preliminar de daños del Centro de Operaciones de Emergencia Regional La Libertad, hasta ayer se contaban más de 8.000 damnificados en Trujillo, 771 en la provincia de Pacasmayo, 408 en Ascope y 180 en Chepén. Además, se calcularon más de 3.500 viviendas afectadas por las lluvias intensas.
Al momento van nueve muertos a consecuencia de los huaicos solo esta semana. Las otras víctimas mortales se registraron en Piura y Lambayeque, regiones donde los daños materiales son enormes.
En Huancabamba, Piura, alrededor de 70.000 habitantes se quedaron aislados tras un derrumbe en la carretera Canchaque-Huancabamba, que conecta con la capital de la región. Mientras que en Lambayeque, el desborde de los ríos Motupe y Lambayeque ha dejado sumergidas casas, calles y cultivos.
El reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) es que durante el período de lluvias, de setiembre a la fecha, son más 12.110 damnificados y 45.181 afectados en todo el país. Asimismo, hay 1.312 viviendas colapsadas (1.200 solo en Trujillo), 3.147 inhabitables y 19.711 afectadas.
La presidenta Dina Boluarte confirmó que los damnificados recibirán un bono de S/500 mensuales a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y del Fondo Mivivienda.
Por su parte, el viceministro de Construcción y Saneamiento, Milko Ortega precisó que se trata del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) y que ya se encuentran en coordinación con los gobiernos regionales, los cuales están a cargo de empadronar a las familias damnificadas.
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