Ayer, 28 de agosto, se cumplió 19 años de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), entidad formada para investigar y analizar lo ocurrido durante los años de la violencia política desencadenada por el accionar de grupos terroristas entre 1980 y 2000. Se narran las graves violaciones a los derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, secuestros, violaciones sexuales, embarazos forzados y otros.
El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación marcó un antes y un después en la historia del Perú. Una oportunidad de sanar y reconstruir al país desde el derecho a la memoria histórica. A través de información y testimonios de primera línea, el documento permitió visibilizar estas atrocidades cometidas durante el conflicto armado interno y reconocer sus causas.
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Las situaciones de desigualdad y discriminación que existían dentro de la sociedad peruana antes de empezado el conflicto recrudecieron los hechos. La CVR reconoció que las diversas violencias ejercidas afectaron de forma distinta a hombres y mujeres, siendo estas últimas las más afectadas. Hasta agosto de 2016, la CVR registró 538 casos de violación sexual, de las cuales 527 fueron contra niñas y mujeres analfabetas de entre 10 y 29 años. Niñas y mujeres en su mayoría quechuablantes, campesinas y dedicadas a labores domésticas y agrícolas. Un dato para nada menor fue que el 83 % de los perpetradores de estas violaciones fueron integrantes de las Fuerzas Armadas. La mayoría de violaciones sexuales se dieron en Ayacucho y Huancavelica, lugares cercanos a las bases militares contra subversivas.
En Manta, provincia de Huancavelica, la violencia sexual ejercida por los integrantes del Ejército contra las niñas y mujeres de la comunidad fue una práctica generalizada. En muchas oportunidades, los oficiales a cargo de la dependencia militar cometían directamente los abusos, mientras que en otras los fomentaron e incluso ordenaban a sus subalternos que los cometieran.
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“Este caso no solo involucra a soldados del Ejército Peruano, sino a oficiales y suboficiales, uno en grado de capitán. Por todas las circunstancias que rodearon estos casos es evidente que los crímenes se cometían de manera generalizada. Yo no puedo afirmar que había órdenes para llevar acabo esos delitos, ni que los oficiales de mayor grado conocían la situación, pero se debió tener un mayor control de lo que hacía el personal en las bases militares”, sostuvo Víctor Álvarez, abogado del caso por DEMUS.
“El soldado le pidió que fuera su enamorada y le dijo que quería casarse con ella. S. lo rechazó y el soldado, molesto, le gritó: «si quieres estar conmigo a buena hora pues, yo te voy a matar si no te confías». Posteriormente, la empujó a la cama, le quitó la ropa, mientras la joven se resistía. El soldado la violó sexualmente”, es una frase recogida por la CVR, que en la voz de un testigo se relata el abuso.
Los cuerpos de las mujeres fueron utilizados como botín de guerra para implantar el terror en la comunidad e imponer el control militar. Actualmente, se ha logrado llevar a juicio a 13 exmilitares acusados de violar a 9 mujeres de la comunidad de Manta en Huancavelica durante el conflicto armado interno.
Después del quiebre del primer juicio oral, se inició un segundo desde hace 3 años, el cual ahora se encuentra en etapa de declaraciones de testigos. “Ellas tienen una representación de sí mismas que se ve dañada, la representación de sus cuerpos (…) es la sensación de estar marcada de por vida, sucia y toda la estigmatización que carga una víctima”, señaló la psicóloga y testigo Paula Escribens, en una reciente audiencia del Caso Manta.
Como menciona la experta, tanto las mujeres del caso Manta como el país tienen marcas profundas por las violencias ocurridas durante el conflicto armado interno. Por ello, a casi 40 años de los hechos, las mujeres denunciantes y la defensa del caso exigen que el segundo juicio oral se mantenga con las medidas de cuidado establecidas por la Sala para evitar la revictimización, así como retomar las audiencias públicas y celeridad en el proceso.
“Las reglas del juego de esta audiencia se establecieron claramente al inicio, el caso era público pero las víctimas declararon el privado, eso se cumplió, pero cuando ya han culminado las declaraciones y hemos solicitado que las audiencias sean públicas nuevamente, la sala estimó que debía continuar siendo privada la audiencia, y la defensa sostuvo que debía considerarse también la presunción de inocencia de sus defendidos”, manifestó Álvarez.
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