En el Perú de estos tiempos, las madrugadas ya no solo traen noticias de accidentes o asaltos. También llegan acompañadas de fiscales, policías anticorrupción, puertas allanadas y alcaldes detenidos. Esta vez el escenario fue Tumbes, donde un megaoperativo ejecutado por la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional y el Ministerio Público terminó con la captura del alcalde provincial de Contralmirante Villar - Zorritos, Jaime Yacila Boulangger, de 57 años.
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Las diligencias comenzaron alrededor de la una de la madrugada del viernes 15 de mayo y se extendieron durante varias horas. En simultáneo, agentes policiales y fiscales especializados intervinieron 18 inmuebles ubicados en Tumbes, Zorritos, Casitas y Chiclayo.
Detienen a alcalde de Zorritos y a funcionarios por presunta red de corrupción en Tumbes
Entre las propiedades allanadas figuraban la vivienda del burgomaestre y oficinas vinculadas a la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar. Las imágenes difundidas por televisión mostraban a policías ingresando a los inmuebles mientras fiscales supervisaban la incautación de documentos, equipos electrónicos y dinero en efectivo.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios sostiene que detrás de estas intervenciones opera una presunta organización criminal denominada ‘El Clan de las Emergencias’, integrada, según las investigaciones, por funcionarios municipales y contratistas que habrían manipulado procesos de contratación pública.
OBRAS BAJO SOSPECHA
La tesis fiscal apunta a presuntas irregularidades en obras ejecutadas durante la emergencia climática registrada en Contralmirante Villar. Los proyectos estaban destinados a construir muros de protección para viviendas afectadas por lluvias y desbordes, pero ahora son investigados por un supuesto direccionamiento de contratos valorizados en cerca de S/2 millones.
Según las pesquisas, funcionarios ediles habrían coordinado con determinados contratistas para favorecer empresas allegadas mediante procesos irregulares. La investigación se desarrolla bajo el presunto delito de colusión agravada.
Las autoridades también sostienen que algunos de los involucrados habrían utilizado empresas de fachada y testaferros para manejar recursos públicos y liberar valorizaciones de obras a cambio de presuntos pagos ilícitos o “diezmos”.
Junto al alcalde fueron detenidos Freddy Campos Guimas, supervisor de obras; Edgar Benítez Jiménez, vinculado al área de supervisión y liquidaciones; Luis Francisco Hidalgo Romero, gerente de logística; además de otros funcionarios relacionados con infraestructura y el contratista Edgar Alex Lama Olaya.
Durante los allanamientos, la Policía y el Ministerio Público incautaron aproximadamente S/22 mil en efectivo, además de laptops, computadoras, celulares y abundante documentación que ahora forma parte de las investigaciones fiscales.
En algunas imágenes difundidas por Latina se observaban fajos de billetes sobre mesas mientras los agentes realizaban el conteo del dinero encontrado dentro de los inmuebles intervenidos.
LA RUTA DE LAS INVESTIGACIONES
Las autoridades señalaron que el contratista investigado ya arrastraba cuestionamientos relacionados con presuntos actos de amedrentamiento para obtener licitaciones públicas. De acuerdo con las investigaciones, la DIRCOCOR venía siguiendo su presunto accionar desde hace aproximadamente un año.
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria dispuso 15 días de detención preliminar para los investigados mientras continúan las diligencias. Durante ese periodo, varios de ellos serán sometidos a evaluaciones en Medicina Legal y luego permanecerán bajo custodia policial.
El operativo también volvió a poner sobre la mesa una realidad que se repite cada vez con más frecuencia en distintas regiones del país: municipalidades convertidas en focos de presuntas redes de corrupción donde las emergencias públicas terminan siendo utilizadas como oportunidades para direccionar contratos y mover recursos estatales.
Por ahora, la Fiscalía no descarta que nuevos funcionarios o empresarios sean incluidos en la investigación conforme avance el análisis de los documentos y equipos electrónicos incautados. Tampoco se descarta que las diligencias se extiendan hacia otras ciudades del norte peruano, como Piura y Sullana, debido a las conexiones detectadas durante las pesquisas.
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