Todas aquellas personas que sean intervenidas por no acatar el estado de emergencia y toque de queda dispuesto por el gobierno central para frenar el avance del coronavirus serán investigadas por el Ministerio Público y sancionadas por el Poder Judicial con penas privativas de la libertad que van desde los seis meses hasta los 3 años, informó el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Franklin Tomy López.
El delito por el que serán procesados es la violación a las medidas sanitarias. Además de las penas privativas de la libertad, también se ordenará el pago de hasta 180 días de multa.
Se informó que la sanción será mayor en caso los ciudadanos se opongan a su detención o agredan a los agentes del orden.
La pena por el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad puede ser hasta de 8 años de cárcel, según el nuevo Código Procesal Penal.
El presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Franklin Tomy López, añadió que también pueden sancionar a los comerciantes que especulen con los precios de los productos durante la cuarentena.
Por otro lado, la fiscal de prevención del delito, Cecilia Ampuero Riega, explicó que los agentes de la Policía Nacional y los y militares deben de seguir un protocolo para la intervención de los ciudadanos que no cumplan con las restricciones durante la emergencia nacional.
Según la magistrada, quien efectúa la detención de los transeúntes es la Policía y solo pedirá el refuerzo de los militares en caso la situación se esté saliendo de control.
Además señaló que los agentes pueden usar su arma de reglamento solo si su vida está en riesgo y el primer disparo debe efectuarse al aire y enseguida a una parte no vital del cuerpo del intervenido. Añadió que si una persona fallece en el incidente, la fiscalía investigará al policía, el proceso será archivado si se comprueba que actuó en defensa propia.
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