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¡La atacó con un cuchillo y sigue trabajando! Policía agredió brutalmente a su expareja en Áncash: “Quiso matarla”

Jaqueline Bárbara Arias denunció que fue atacada por su expareja, un efectivo policial que labora en la provincia de Yungay. La mujer aseguró que sufrió golpes y heridas con un cuchillo. Mientras las investigaciones avanzan, el agente continúa prestando servicios.
Policía es acusado de agredir con cuchillo a su conviviente en Áncash

Jaqueline Bárbara Arias asegura que acudió a una reunión para conversar sobre su relación sentimental y terminó denunciando una violenta agresión que, según su versión, sufrió a manos de su expareja, el efectivo policial Iván Fructuoso Granados. El hecho ocurrió el pasado 7 de mayo en Huaraz y hoy es materia de investigación, mientras la denunciante exige justicia y cuestiona que el agente continúe trabajando en una comisaría de Áncash.

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La mujer relató que aquel día fue convocada por el policía a su domicilio, ubicado en el sector de Huarascucho. Según su testimonio, la reunión tomó un rumbo inesperado cuando comenzó una agresión física que le provocó diversas lesiones.

De acuerdo con la denuncia, Fructuoso Granados la golpeó en repetidas ocasiones y utilizó un cuchillo durante el ataque. Como consecuencia, la mujer sufrió cortes en un brazo y heridas en la cabeza que requirieron atención médica.

Me agarró y me empezó a golpear en el piso”, declaró la denunciante al recordar lo ocurrido. Además, sostuvo que no era la primera vez que sufría actos de violencia por parte de su expareja.

La agraviada también afirmó que en una ocasión anterior fue agredida delante de su hija menor. Por ello, señaló que el episodio denunciado no habría sido un hecho aislado dentro de la relación que mantuvieron.

EL TEMOR DE LA DENUNCIANTE

Tras la agresión, Jaqueline Bárbara Ariaz indicó que perdió el conocimiento debido a las heridas sufridas. Según su versión, fueron sus familiares quienes la trasladaron a un establecimiento de salud para recibir atención médica.

Posteriormente formalizó la denuncia ante las autoridades competentes. Desde entonces, asegura vivir con temor debido a presuntas amenazas previas que habría recibido de parte de su expareja.

“Tengo miedo de que vuelva a hacerme daño”, manifestó la mujer, quien pidió que las investigaciones se desarrollen con celeridad y que se adopten las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

El caso ha generado preocupación entre familiares y personas que acompañan a la denunciante debido a que el efectivo policial continúa desempeñando funciones mientras se realizan las diligencias correspondientes.

CUESTIONAN DEMORA EN LAS INVESTIGACIONES

Pese a la gravedad de la denuncia, Roosevelt Iván Fructuoso Granados continúa laborando en la comisaría de San Marcos. La investigación fiscal se inició formalmente un mes después de ocurrido el ataque, tras la toma de declaración del imputado.

Según se informó, la demora en las actuaciones del Ministerio Público en la provincia de Yungay ha generado cuestionamientos sobre la respuesta de las autoridades frente a la denuncia presentada por la mujer.

El general Eduan Díaz, jefe de la Región Policial de Áncash, señaló que la institución no puede adoptar medidas administrativas contra el efectivo mientras la Fiscalía no emita un resultado formal dentro de la investigación.

Por su parte, el abogado Pedro Huacanca, representante legal de la denunciante, sostuvo que existen elementos que respaldan la versión de su patrocinada. Además, cuestionó la actuación de las autoridades y pidió la intervención de los órganos de control para determinar si existieron retrasos en la tramitación del caso.

“Ninguna mujer debe sufrir un maltrato de tanta crueldad. Quiso matarla”, expresó el letrado, quien también señaló que corresponde al Ministerio Público y a las instancias judiciales determinar las responsabilidades que pudieran existir.

Mientras las diligencias continúan, el caso permanece en etapa de investigación. La denunciante insiste en que se esclarezcan los hechos y que las autoridades actúen con rapidez, mientras las instituciones competentes deberán determinar lo ocurrido respetando el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas involucradas.

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