Perú es el noveno país con mayor superficie forestal del planeta y el segundo en Sudamérica. En 2020 y, pese a la pandemia por la COVID-19, el país rompió récords de deforestación al perder más de 200.000 hectáreas de bosques, la cifra más alta en las últimas dos décadas, según el Ministerio del Ambiente (Minam).
Entre las causas se encuentran actividades extractivas ilegales como la tala ilegal de madera, incentivada por la alta demanda en el mercado nacional e internacional. Así, se estima que alrededor del 37% de la madera que es extraída de los bosques peruanos es ilegal.
“En nuestro país las compras tienden a ser informales debido a la gran dispersión de actores y la baja conciencia sobre el origen legal de la madera. Esta complejidad se extiende a toda la cadena de valor, lo que incluye aserraderos y depósitos donde existe poco control y supervisión”, señaló Hugo Che Piu, experto en tala ilegal.
En ese sentido, el Proyecto Prevenir de USAID planteó una serie de recomendaciones como parte de su informe “Billetera Manda”, con la finalidad de fomentar la legalidad en la cadena de suministro de madera.
Entre las propuestas están el incremento de las compras de productos de origen legal, especialmente por parte de las entidades públicas, señala el experto. A la vez, fomentar campañas de educación ambiental y comunicación orientadas al mercado nacional.
Por otro lado, un gran número de pequeños productores tiene que afrontar lentos y complejos procesos para la formalización y acceso legal a los recursos, lo cual requiere una alta inversión inicial.
“Los procedimientos de acceso legal a los recursos forestales deben simplificarse con requisitos adecuados a la realidad de los productores y, en aquellos trámites que no puedan hacerse más sencillos, se debe contar con el apoyo técnico para cumplir con los mismos”, indicó Che Piu.
Además, resaltó que las asociaciones, la asistencia técnica y el acceso a tecnologías y financiamiento son elementos que facilitarán su posicionamiento en el mercado.
Sin duda, el mayor reto está en eliminar las fallas de control y sanción, alimentadas por la corrupción. Se deben buscar formas integrales y sostenidas para prevenir, denunciar y sancionar de manera efectiva los casos de corrupción asociados a los recursos naturales.
Teniendo en cuenta este delito ambiental, así como el de minería ilegal y tráfico ilícito de fauna silvestre, se promueve #Consecuencias, una iniciativa cuyo objetivo es cambiar esta problemática y crear conciencia sobre los impactos que generan estos delitos ambientales en muchos aspectos de nuestras vidas.
Esto no solo afecta a las personas que viven en Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Lima, sino a todos los que también viven en otras regiones. Lo importante es que tenemos que saber cómo prevenirlos y hacerles frente”, comentó por su parte Pedro Solano, especialista en Derecho Ambiental con más de 30 años de experiencia y uno de los promotores de la campaña.
Esta campaña es impulsada por el Proyecto Prevenir de USAID, junto con diversos aliados, como el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), entre otros, así como organizaciones como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Conservation x Labs, además de una creciente lista de empresas privadas como el Centro Comercial Quispe en Iquitos.
Finalmente, el vocero de la campaña invitó a las personas para que sean parte de esta iniciativa, ingresando a www.consecuencias.pe y a través de las redes sociales www.facebook.com/consecuencias.pe y www.instagram.com/consecuencias.pe.
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