Los asesinatos que cometen los cárteles de la droga mexicanos son difíciles de narrar: el nuevo que se descubre es más abominable que el anterior. Hace unas semanas, en un extenso predio de diez mil metros cuadrados llamado Rancho Izaguirre, ubicado en una zona agrícola a una hora de Guadalajara, se descubrió un centro de entrenamiento y exterminio del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Lo ocurrido allí supera la ficción.
En varios de los ambientes se hallaron cientos de zapatos, prendas de vestir, huesos calcinados, casquillos de bala, fotografías, cartas de despedidas, hornos enterrados. Lo más diabólico: había seis lotes de terrenos tapiados con restos óseos. Es decir, las personas fueron asesinadas, quemadas y luego sus restos fueron ocultados bajo losas de ladrillo y encima les pusieron una capa de tierra.
El hallazgo no fue obra de la Guardia Nacional de México, altamente corrompida por el narcotráfico, sino de integrantes de Guerreros Buscadores de Jalisco, una organización civil conformada por familiares de desaparecidos por la violencia. En setiembre pasado, un grupo de militares había ingresado al mismo lugar, pero solo encontraron a diez personas y un cadáver.
“Dimos con el lugar porque teníamos varias llamadas anónimas”, declaró Indira Navarro, vocera de la organización, que desde el año 2015 busca a su hermano. Las autoridades han establecido que, en los últimos años, por Rancho Izaguirre habrán pasado unos 1500 jóvenes que fueron sometidos a prácticas inhumanas, que comprendieron torturas y hasta se les extrajeron sus órganos para venderlos. Los mexicanos no salen de su estupor por este nuevo suceso sangriento.
Lo ocurrido me ha hecho recordar un viaje que, en el año 2009, cuando integraba la Unidad de Investigación del diario El Comercio, hice a Tijuana, el corazón del cártel que lleva ese nombre de los hermanos Arellano Félix.
En ese momento, había una guerra sin cuartel con las fuerzas de seguridad. El entonces presidente Felipe Calderón anunció, mediante avisos, recompensas millonarias para quienes brindaran información de los cabecillas de ese cártel y de los lugares donde escondían sus cargamentos de droga. En el aviso se colocaron números de teléfonos y un correo electrónico a donde los informantes debían llamar o escribir.
¿Qué creen que sucedió? Todos los días empezaron a aparecer cadáveres en distintos lugares. Los cuerpos tenían un denominador común: sus dedos habían sido cortados por la mitad y en sus pechos estaban tatuados los números telefónicos y el e-mail que había proporcionado el gobierno. Ninguno de ellos había querido dar información. La intención de los narcos era meter miedo a la población para que nadie los delatara. La campaña del gobierno duró pocos días.
Nuestro país aún no es México, pero ya empiezan a darse situaciones similares. En octubre del año pasado, la Policía descubrió en Pataz una fosa común con catorce cadáveres de personas muertas en enfrentamientos entre mineros ilegales. Y el viernes fueron asesinados tres empleados de la minera Poderosa y dinamitada una torre más de alta tensión.
Mientras todo esto ocurre, el Gobierno, la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial están enfrentados entre sí. ¡Pobre nuestro Perú! Nos vemos el otro martes.
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