El día que rescataron a los niños que fueron reportados como desaparecidos tras la caída de un huaico en el distrito de Canchaque, Piura, el Ministro de Educación, Ricardo Cuenca, dijo que se encontraban a salvo y que no había nada que lamentar.
El desborde salió al encuentro de los menores el 17 de marzo, mientras cruzaban un puente que conecta a su localidad con un caserío donde, con dificultad, logran tener señal de internet. Este es el camino que recorren diariamente desde que se dictó el estado de emergencia sanitaria y se implementó la estrategia de educación remota.
Pese a que la brecha digital, particularmente en sectores rurales, se ha hecho notoria desde el inicio, al ser consultado por Patricia del Río en La Rotativa del Aire, sobre el incidente en Canchaque, el titular de Educación minimizó la problemática, afirmando que “esa información no estaba completamente comprobada” y aseguró que esa es una zona en la que “no hay mayor problema” con la conectividad.
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Ese mismo día, la madre de uno de los menores fue entrevistada por una periodista de Radio Programas del Perú (RPP). La señora contó que a diario realizan este tipo de actividades. “Por favor, tengan piedad de estos caseríos. Por la señal han salido y han quedado aislados, hemos recibido tablets, pero sin kit: no tenemos luz. Tenemos que salir para hacer quedar bien a los profesores”. Lo sucedido en Canchaque no es un caso aislado, por el contrario, como veremos a continuación, forma parte de la cotidianeidad de las familias que viven en comunidades rurales.
Las zonas rurales se definen en Perú por su distancia respecto al centro urbano o capital de la provincia. Las escuelas de ese ámbito se caracterizan por la precariedad de su infraestructura y el acceso limitado a servicios públicos de calidad, según reporta la Defensoría del Pueblo al 2020. En esas condiciones, 1 200 000 niños, niñas y adolescentes reciben clases en más de 51 000 colegios públicos rurales, subrayan los informes de la institución. Esa era la realidad antes de la emergencia sanitaria.
“El derecho a la educación durante el año 2020 se ha visto severamente afectado. Y dentro de esa afectación los que han sufrido más son los estudiantes indígenas, los de áreas rurales en las zonas más alejadas de nuestro país. Existe una brecha enorme en cuanto a la conectividad. Incluso para el servicio de electricidad”, menciona Nelly Aedo, Jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.
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Lo que menciona Aedo tiene su correlato en las cifras del censo 2017: 1745 comunidades campesinas no cuentan con acceso al servicio de luz, 1540 comunidades nativas no cuentan con ese mismo servicio, el 74 % de la población autoidentificada como parte de un pueblo indígena no cuenta con una computadora en casa, mientras que el 81 % de esa misma población no cuenta con conexión a internet en su casa.
La abogada reconoce los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Educación. No obstante, pide que transparenten las cifras de cuántos niños no accedieron a un derecho básico, como es el de la educación.
”Lo cierto es que la estrategia de Aprendo en casa para toda la población indígena ha sido mínima, ha alcanzado a 215 275 estudiantes, pero el universo de los estudiantes es mucho mayor. Muchos niños no han podido continuar sus estudios porque no cuentan con electricidad, hay una falta de acceso a la radio, a la televisión, la brecha de conectividad a internet es enorme”.
“Pese a la adversa situación, muchos chicos, como este caso de Canchaque, han tratado de acceder de alguna manera” sostiene la especialista. Para conocer en su totalidad la dimensión del problema, Aedo pide que el Ministerio de Educación sincere las cifras de cuántos niños han perdido el año educativo durante el 2020 y los riesgos también, para este año, de repetir esa misma situación.
El informe de la Defensoría del Pueblo “La educación frente a la emergencia sanitaria: Brechas del servicio educativo público y privado que afectan una educación a distancia accesible y de calidad” menciona que un estudiante que deserta de la educación ve reducidas sus opciones de tener mejores oportunidades para insertarse al mercado laboral en un trabajo digno, que a la vez le permita desarrollar su proyecto de vida.
Cuando el Gobierno anunció el Estado de Emergencia en marzo de 2020, Carmen Huallanca, trabajadora social de la Universidad Nacional de Huamanga, retornó a Cancha Cancha, la comunidad campesina donde nació y creció. Ella empezó a dictar clases a un grupo de niños que no podían acceder a la educación remota que anunció el Ministerio de Educación.
“Son niños en situación de pobreza extrema que no podían acceder a las clases de Aprendo en Casa, a su educación. Una señora me dijo que no tiene televisor, no tiene radio, mucho menos internet, que este año sus hijos no van a estudiar”, señala la joven de 28 años.
Las clases de Carmen empiezan a las ocho de mañana y terminan a la 1 de la tarde. La trabajadora social y los niños, cerca de 40 menores, caminan hasta las afueras del pueblo por cerca de 20 minutos para poder captar señal de internet y establecerse en un espacio al aire libre donde mantienen la distancia social. Los estudiantes llevan sus almuerzos y en ocasiones aprovechan la caminata para pastar a sus ovejas.
Huallanca compara la situación de Canchaque con la de su comunidad. “Es una realidad que se repite en todo nuestro país, sobre todo en las zonas rurales, los niños y niñas al no poder contar ni siquiera con electricidad, buscan cualquier forma de acceder, muchas veces hasta poniendo en riesgo su vida. La educación es un privilegio para pocos”, sentencia.
Las pocas familias en Cancha Cancha que pueden acceder a las clases televisivas también presentan problemas para comprender los contenidos porque se utiliza el idioma español, pese a que desde el 2016 el Perú dispone del Plan de Educación Intercultural Bilingüe (EIB).
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“Los niños me dicen ‘profesora, no entiendo lo que explica en la televisión porque rapidito se va; mi papá también me ayuda, pero como está en castellano, no entiende, no comprendemos, profesora’. Otros me dicen ‘profesora, yo prefiero que esta pandemia dure porque yo quiero estar estudiando en el campo, porque yo aprendo, me gusta ir con mis compañeritos’”, comenta Carmen. La trabajadora social nombró a esta estrategia como Aprendo en el campo.
Pese a su buen humor y optimismo, Carmen reconoce lo difícil que ha sido implementar esta dinámica. En ese sentido, la trabajadora social también denuncia la falta de alfabetización digital. “Entregan las tablets, pero los niños no saben cómo manejarlas. El Ministerio de Educación no ha trabajado en la alfabetización digital a los niños y niñas de las comunidades rurales, en ningún momento alguien vino a capacitar a los niños, nadie se preocupó, menos a los papás. El ministro dice estamos entregando las tablets, pero realmente saben si funcionan”, cuestiona.
Otra experiencia desafortunada con la educación a distancia en esta comunidad rural es la insistencia de los maestros con los padres para que envíen evidencia de los aprendizajes de sus hijos, a través de mensajes de WhatsApp, incluso a sabiendas de que muchos padres no están familiarizados con estas dinámicas y entornos digitales, generándoles un estrés adicional.
Anteriormente en el país se han implementado los siguientes proyectos para acortar la brecha digital: Programa Piloto de Educación a Distancia – EDIST (2000), Proyecto Huascarán (2001), Programa Una Laptop por Niño (2008). Ninguno logró alcanzar alcanzar la conectividad digital universal que pueda garantizar una adecuada educación a distancia, subraya el informe de la Defensoría del Pueblo del 2020 sobre las brechas del servicio educativo.
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