El gobierno de Dina Boluarte volvió a quedar en el centro del debate internacional tras la intervención del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. El titular del sector defendió la cuestionada Ley de Amnistía, aprobada recientemente por el Congreso, y afirmó que el Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Santiváñez sostuvo que la norma responde a los “atentados terroristas que intentaron socavar la democracia y el Estado de derecho”, aunque este argumento contradice lo dicho en el propio Parlamento, donde se presentó la iniciativa alegando que los procesos judiciales estaban estancados.
La aprobación de esta amnistía ha generado un fuerte rechazo. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que representa un retroceso para la justicia y la verdad, y que normas como esta aumentan la tensión social y ponen en riesgo a las víctimas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también se pronunció. El organismo ordenó al Estado peruano abstenerse de aplicar la ley, conocida como Ley 32419, porque vulnera el derecho de las víctimas a la justicia y contradice sentencias internacionales previas en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
A pesar de estas advertencias, el ministro de Justicia remarcó que la norma se aprobó “respetando la separación de poderes” y como decisión soberana del Congreso. También señaló que el Ejecutivo reconoce la autodeterminación de los pueblos y la independencia de los Estados, sin injerencias externas.
El Ejecutivo, además, calificó de “inaceptable” la decisión de la Corte IDH que ordenó frenar la aplicación de la amnistía. La Presidencia de la República anunció que el país seguirá evaluando su permanencia en ese sistema y la posibilidad de promover una revisión de las normas que lo regulan.
La ley fue impulsada por sectores del Congreso, especialmente por el fujimorismo. El legislador Fernando Rospigliosi fue uno de los principales defensores de la iniciativa, bajo el argumento de que militares y policías llevan años sometidos a procesos interminables que, según él, no buscan justicia sino revancha.
En Ginebra, Santiváñez insistió en que la amnistía refleja el compromiso del Estado con el fortalecimiento de la democracia y la defensa de los derechos humanos. También afirmó que el Perú continuará cooperando con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.
Sin embargo, la contradicción entre los argumentos esgrimidos por el Gobierno en el exterior y los fundamentos expresados en el Congreso refuerza las críticas sobre un intento de justificar la impunidad. Para los organismos internacionales, la medida no busca cerrar heridas, sino blanquear delitos cometidos en el pasado.
Mientras tanto, la tensión entre el Ejecutivo, el Congreso y los organismos internacionales sigue creciendo. El futuro de la permanencia del Perú en el sistema interamericano de derechos humanos continúa en evaluación, y con ello, la posibilidad de un mayor aislamiento en la región.
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