A pocos días de cumplirse un año de las manifestaciones del 14 de noviembre contra Manuel Merino - donde murieron los ciudadanos Inti Sotelo y Bryan Pintado a causa de la represión policial - familiares de ambos jóvenes y de los heridos en dicha protesta, anunciaron una marcha ‘A un año sin justicia’ para este sábado 13 de noviembre en la Plaza San Martín.
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En esta marcha exigirán justicia para los heridos y sanción para los responsables políticos y policiales. También se pedirá al Congreso la aprobación de denuncia constitucional contra Manuel Merino, Antero-Flores Aráoz (exprimer ministro) y Gastón Rodríguez (ex ministro de Interior), según informó La República.
Familiares de ambos fallecidos, en declaraciones al citado medio, señalaron que no se cansarán hasta alcanzar justicia. “Vamos a seguir unidos y exigiendo las reparaciones y sanciones debidas”, indicó Killa Sotelo, hermana de Inti.
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Actualmente, la denuncia constitucional se encuentra en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que es presidida por la congresista Rocío Torres, del partido Alianza para el Progreso.
Como se recuerda, la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, formuló una denuncia constitucional contra estas tres personas en el marco de la investigación por las muertes de Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez.
En un comunicado, el Ministerio Público informó que los ex altos funcionarios fueron denunciados como presuntos autores (por omisión impropia) de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves –a título de dolo eventual– por incumplir su deber constitucional y legal en el ejercicio de sus cargos como las más altas autoridades del país, de proteger la vida y la integridad física de los ciudadanos que participaron en las movilizaciones, y por no haber adoptado medidas para controlar el uso desproporcionado de la fuerza policial.
La tesis de la fiscal de la Nación es que Merino de Lama, Flores-Aráoz y Gutiérrez Limo habrían actuado con dolo eventual, toda vez que, desde que asumieron sus mandatos como altos funcionarios del Estado conocían de las manifestaciones sociales que se venían desarrollando desde el 9 de noviembre de 2020 –y que se extendieron hasta el día 15 de ese mes–, dado que estas eran reportadas por los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales, e incluso hubo exhortaciones al Estado peruano por parte de organismos internacionales.
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