La captura y traslado de Nicolás Maduro a Nueva York ha abierto un escenario de alta incertidumbre en Venezuela, donde el oficialismo enfrenta la mayor crisis política en más de dos décadas. Mientras el mandatario permanece bajo custodia en Estados Unidos, el Gobierno venezolano espera una definición formal sobre la sucesión presidencial.
Desde el Ejecutivo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha insistido en que Maduro continúa siendo el único presidente, pese a su situación judicial en el extranjero. No obstante, el impacto del operativo estadounidense ha obligado al chavismo a iniciar un proceso interno de evaluación y reacomodo de su estructura de poder.
El Tribunal Supremo de Justicia, institución que ha respaldado al chavismo durante los últimos 20 años, ordenó que Rodríguez asuma como presidenta encargada. Esta decisión se produce en un contexto de máxima tensión política y militar, con amenazas latentes de nuevos operativos por parte de Estados Unidos.
La medida judicial activa, además, un decreto de estado de conmoción exterior que amplía de manera significativa las atribuciones del Ejecutivo. Entre estas facultades figuran la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio, la toma de infraestructuras estratégicas y la activación de planes de seguridad ciudadana.
Durante casi 13 años de gobierno, Maduro distribuyó el poder entre distintos sectores civiles y militares, aunque la relación entre ambos ejes no siempre fue armónica. Esa fragmentación interna obliga ahora al chavismo a garantizar consensos y lealtades en un momento de fuerte conmoción institucional.
Delcy Rodríguez ha ocupado cargos clave desde la época de Hugo Chávez, pasando por los ministerios de Comunicación, Relaciones Exteriores, Economía y, hasta hace poco, Petróleo. Su eventual oficialización como presidenta encargada la convertiría en la primera mujer en encabezar el Ejecutivo venezolano.
Abogada de 56 años, Rodríguez fue una de las figuras de mayor confianza de Maduro durante su mandato. En octubre pasado, rechazó como “mentira y carroña” versiones que la vinculaban a supuestas negociaciones con Washington para encabezar un gobierno de transición.
El control del ala civil y técnica del chavismo lo ejerce junto a su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Desde ese cargo, él ha sido clave para impulsar las principales leyes del oficialismo y para representar al Gobierno en los diálogos fallidos con la oposición y con la Casa Blanca.
Hasta el momento, Jorge Rodríguez ha mantenido un silencio que contrasta con su habitual actividad pública. Fue él quien tomó juramento a Maduro para su tercer mandato y es quien sigue a su hermana en la línea sucesoria establecida por la Constitución.
Dentro del oficialismo, el rol de segundo al mando históricamente ha recaído en Diosdado Cabello, actual ministro del Interior, Justicia y Paz. Cercano a Hugo Chávez, su figura quedó marcada tras el golpe de Estado de 2002, cuando asumió brevemente la presidencia antes del retorno del líder chavista.
Tras el reciente ataque estadounidense, Cabello llamó a la calma y a la unidad interna del chavismo, instando a confiar en la conducción política y militar frente al escenario de crisis. Su influencia sigue siendo determinante dentro de los sectores más duros del poder.
Estados Unidos mantiene ofertas de recompensa por la captura de Cabello y del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, por cargos de narcotráfico que el Gobierno venezolano rechaza de manera categórica. Estas presiones externas incrementan la tensión dentro del núcleo dirigente.
Padrino López, al frente de la FANB desde 2014, es considerado el principal garante de la lealtad armada al chavismo. Días antes de la captura de Maduro, sostuvo que es “prácticamente imposible” dividir a la Fuerza Armada, en un mensaje dirigido tanto al interior como al exterior del país.
Bajo su liderazgo, la estructura militar ha sido clave para sostener al régimen durante episodios de protestas, denuncias de conspiraciones y crisis políticas. En ese esquema también cumplen un rol central organismos como la DGCIM y el SEBIN, señalados por organismos de derechos humanos como pilares del control interno.
A esta maquinaria se suman los llamados colectivos chavistas y la milicia bolivariana, una fuerza civil de reserva impulsada por Maduro en los últimos meses. En medio de la presión internacional y las declaraciones de Donald Trump sobre “gobernar” Venezuela, el interrogante central es cuánta presión externa puede soportar el núcleo chavista en Miraflores sin provocar un quiebre interno.
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