Se aprobó ayer la moción de vacancia presidencial y el país otra vez ingresa al túnel de la incertidumbre y desconcierto.
Sin embargo, hasta hoy las denuncias constitucionales por corrupción contra el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, uno de los principales impulsores de vacar al mandatorio Martín Vizcarra, permanecen encarpetadas.
“Una vacancia presidencial, en el momento en que nos encontramos, de ninguna manera perturba las elecciones”, dijo hace unos días Manuel Merino, el presidente del Congreso.
El primer vicepresidente de su Mesa Directiva, Luis Valdez, de Alianza Para el Progreso, gritó enardecido: “Denuncias contra Vizcarra nos ponen en un Estado insalvable políticamente”.
Las denuncias contra Vizcarra, de haber recibido presuntos sobornos cuando era gobernador de Moquegua, son lapidarias y deben investigarse prolijamente. Pero Merino y Valdez no mueven un solo dedo para poner en debate las dos denuncias contra Edgar Alarcón.
Como se sabe, en julio pasado, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, lo denunció por peculado y enriquecimiento ilícito, delitos que habría cometido cuando fue contralor de la República. Una subcomisión analizó las denuncias, las admitió y las envió donde Merino y Valdez para que les dieran trámite.
Han pasado más de 100 días desde ese pedido y -como decía el célebre comentarista deportivo Humberto Martínez Morosini- ¡aquí no pasa nada!
Los cargos contra Alarcón no son dichos de delatores. Se trata de investigaciones probadas, que evidencian que se enriqueció mientras fue contralor y favoreció con un pago irregular a la madre de dos de sus hijos.
Merino, Valdez y Alarcón hacen un triunvirato perfecto en el Congreso: los dos primeros aguantan las acusaciones y Alarcón prepara denuncias contra el presidente Vizcarra sobre los supuestos pagos que recibió.
Hay más. Como se sabe, el principal testigo de esas presuntas coimas es el exministro de Agricultura, José Hernández.
Lo que pocos conocen es que Alarcón y Hernández también son amigos desde noviembre del 2016, cuando Hernández era ministro y Alarcón contralor.
Ambos fueron retenidos por unos protestantes en Andahuaylas, cuando se encontraban solucionando denuncias de corrupción que hacían los pobladores, quienes habían tomado varios locales públicos. La policía logró rescatarlos y los sacó del lugar, junto a tres congresistas.
“Fue un momento inolvidable para ellos. Desde allí se hicieron bien amigos”, contó unos de sus allegados.
¿No estará Alarcón complotando, como lo hizo con el caso de Richard Swing, para armar un nuevo show en el Congreso?
La semana pasada ya lo hizo con un accidente automovilístico que sufrió en Caylloma. “Extrañamente hay indicios que no ha sido un hecho fortuito”, escribió en su Twitter, sin ninguna prueba que corroborara lo que decía.
Resulta indignante que la Comisión de Fiscalización esté en manos de Alarcón, pese a los ‘anticuchos’ que se le conocen y cuyo jefe, Antauro Humala, está preso por el asesinato de cuatro policías.
Nos vemos el otro martes.
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