El 2 de agosto pasado, la superintendenta de Migraciones, Roxana del Águila, recibió un oficio de la cónsul de Venezuela en el Perú, Josefina Alvarado Linarez. Le pedía el listado completo y actualizado de las identidades de todos los ciudadanos venezolanos en el país, legales, temporales e ilegales, y también de sus hijos nacidos en territorio peruano.
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Alvarado es una funcionaria de confianza del dictador Nicolás Maduro. Llegó al país en diciembre del 2020 y antes fue encargada de negocios en Cuba.
Del Águila se negó a brindarle esa información. Semanas después, el 29 de setiembre, fue cesada de su cargo por el presidente Pedro Castillo y el ministro del Interior de ese entonces, Juan Carrasco.
¿Por qué un gobierno dictatorial y represivo se interesa por obtener los datos personales de sus compatriotas que, en su mayoría, huyeron de su país por la profunda crisis económica y la falta de libertades democráticas?
Este columnista ha obtenido versiones, según las cuales el controversial pedido de la cónsul extranjera es parte de una trama gubernamental de Castillo y Maduro, que pretendería afectar a los miles de ciudadanos venezolanos, especialmente a los que piden refugio y a los que ya cuentan con permiso temporal de permanencia.
El objetivo sería obligarlos a volver a su país y utilizar ese retorno políticamente a favor de Maduro. Los trámites para legalizar su estadía aquí serán más engorrosos y caros.
“Yo recibí ese oficio, pero no accedí al pedido. Esa información es reservada y estrictamente personal”, dijo Roxana del Águila, quien se disculpó de no dar mayores detalles sobre ese tema.
El ardid migratorio se habría consolidado a mediados de setiembre cuando Pedro Castillo se reunió en secreto con Nicolás Maduro en México, durante un evento internacional de presidentes. Nadie sabía de ese encuentro hasta que el entonces premier Guido Bellido lo reveló en su cuenta de Twitter.
Tras descubrirse la reunión, el mismo Maduro dijo que había hablado con Castillo para impulsar un plan denominado ‘Vuelta a la patria’ y el retorno de 42 mil compatriotas. En el Perú hay más de un millón de ciudadanos venezolanos. Nadie sabe en qué consiste ese acuerdo.
David Smolansky, político opositor de Maduro, dijo que ese plan era demagógico y que “no sucederá hasta que haya libertad y la mayoría (de los que se fueron) vea que hay condiciones para volver”.
Cuando Pedro Castillo regresó a Lima, el despido de la jefa de Migraciones, Roxana del Águila, se puso en marcha. Fue reemplazada por Martha Silvestre Casas, cercana al congresista Edgar Reymundo, de Juntos por el Perú, aliado del gobierno.
Reymundo fue jefe de Migraciones en el año 2012. Según la revista ‘Caretas’, en 2013, durante su gestión, un narcotraficante mexicano –al que se le incautaron siete toneladas de cocaína- logró cambiar en solo tres días su calidad migratoria de turista a trabajador residente.
Es un misterio si la nueva superintendenta Martha Silvestre ha accedido al pedido que estaba solicitando la venezolana Josefina Alvarado.
Los organismos de seguridad están preocupados por el manejo que le darán las nuevas autoridades a la Dirección de Registros y Control Migratorio, que guarda en sus archivos ¡2 mil 200 millones de datos digitales de todas las personas que ingresan y salen del país!
Se trata de un búnker repleto de computadoras que opera en el tercer piso del local de Migraciones. Empezó a funcionar en el año 2016, cuando Roxana del Águila era gerente general, con equipos de tecnología punta y el apoyo del gobierno de Estados Unidos.
Allí se registra, en tiempo real, los antecedentes de los viajeros desde el mismo momento en que compran su boleto.
Varias organizaciones criminales han sido desarticuladas por su valiosa base de datos. Hace un tiempo, se descubrió a un grupo de personas que llevaban miles de dólares en efectivo a Colombia y México. La información electrónica permitió descubrir que todas ellas tenían vinculaciones entre sí.
En el año 2019, días antes de los Juegos Panamericanos, se detectó que cinco ciudadanos paquistaníes, que estaban en pleno vuelo a Lima, tenían antecedentes por terrorismo. No se les permitió su entrada.
Esa unidad es la ‘joya de la corona’ de Migraciones. Quien la dirija debe ser una persona idónea y no un impresentable, como suele designar el gobierno del lápiz. Nos vemos el otro martes.
*Los artículos firmados y/o de opinión son de exclusiva responsabilidad de sus autores.
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