Apenas el golpista Pedro Castillo fue detenido, los congresistas de Perú Libre —que formaron tres grupúsculos que son lo mismo— gritaban a los cuatro vientos que se debía convocar inmediatamente a nuevas elecciones y el Congreso ser cerrado.
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“Nos vamos todos. El pueblo quiere nuevos comicios”, rugían en todos lados. El viernes, sin embargo, cuando se planteó que las elecciones fueran en diciembre de 2023 todos arrugaron. Unos, sin ningún rubor, votaron en contra. Entre ellos estuvieron Guillermo Bermejo y Betssy Chávez, dos de los principales azuzadores de las hordas violentistas que han causado muerte y destrucción en la zona sur del país. Otro grupo de ellos votó en abstención, que es peor que votar en contra.
Pusieron como condición que, en las próximas elecciones, se convoque a un referéndum para instaurar una asamblea constituyente. ¡Un chantaje monumental!, como suelen actuar las lacras. Eso es lo que busca la izquierda radical desde hace décadas.
Su objetivo es instaurar una dictadura populista que acabe con el modelo económico, estatizar todo, liquidar la libertad de prensa y las entidades autónomas y de control, como en Cuba, Venezuela, Nicaragua. Pronto lo mismo ocurrirá en Colombia, que es gobernada por el exguerrillero Gustavo Petro, quien descaradamente miente para defender al golpista Pedro Castillo.
La asamblea constituyente solo existe en la mente afiebrada de los parlamentarios izquierdistas y en los vándalos, pero no en ‘el pueblo’, como aducen. Ellos saben muy bien que no se puede constituir una asamblea, puesto que no está en nuestra Constitución. La única entidad que puede hacerlo es el Congreso de la República, bajo reglas que están debidamente establecidas.
Los ataques de estos congresistas hacia la democracia no cesarán. Ha hecho bien la presidenta Dina Boluarte en dejar a un lado su ambivalencia y medias tintas con sus camaradas, como lo hizo en la primera semana de su gobierno.
“Yo lo conozco (…) muchas veces nos hemos abrazado y llorado por situaciones que aparecían”, dijo en su estreno, al borde de las lágrimas, sobre el golpista Castillo.
Una fuente palaciega le contó a este columnista que dichas declaraciones no cayeron bien en el gabinete ministerial. Es más, en un principio, Boluarte se opuso a la decisión de decretar el estado de emergencia, para frenar las acciones vandálicas de los grupos vinculados a Sendero Luminoso, como el Movadef y el Fenatep.
El ministro de Defensa, Alberto Otárola, fue quien la convenció y hasta amenazó con renunciar si no lo hacía. Otárola, el único ministro con manejo político, tiene ascendencia en las Fuerzas Armadas: fue titular de esa cartera en el gobierno de Ollanta Humala.
“¿Con quién vamos a dialogar, presidenta, con esos vándalos?”, le preguntó a Boluarte uno de los participantes en esa crucial reunión.
El sábado, la mandataria apareció con un talante firme. La democracia se defiende con las armas de la ley. Nos vemos el otro martes.
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