Un ministro de Justicia debe respetar las leyes, las instituciones, el orden, y asesorar al presidente a hacer lo mismo y a corregirlo si pretende vulnerar las mismas.
Sin embargo, Aníbal Torres, el titular de ese portafolio, hace todo lo contrario. Pretende destituir al procurador general, Daniel Soria, en represalia porque denunció al presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
De acuerdo con respetados juristas, lo que está haciendo el ministro linda con la ilegalidad. Él no puede revisar dicho nombramiento puesto que el cargo de procurador es autónomo. Lo que es peor, actúa como defensor legal del presidente Castillo.
Torres juega en pared y compite en disparates con Eduardo Pachas, el abogado del mandatario. Pachas fue el primero en pedir la salida de Soria, un día después de que se reunió con el ministro. El mismo Torres, luego de esa cita, también solicitó lo mismo.
Nadie sabía de esa reunión hasta que fue descubierta por Perú21. Torres cree que los periodistas somos ‘caídos del palto’. El viernes, tras el ampay, reconoció ese encuentro, pero dijo que no hablaron de la salida de Soria.
“¿El abogado del presidente lo visitó el martes en su despacho?”, le preguntó ‘La República’. “Sí, no puedo negarlo. Tengo que hablar con la verdad y la verdad es que sí lo he recibido al doctor Pachas (…) Me preguntó sobre conceptos constitucionales y penales. Hemos intercambiado opiniones como abogados”, respondió.
También dijo que habían conversado del tema Castillo, pero “sobre conceptos generales para ser aplicados a cualquier caso. Hemos hablado en términos generales”.
Cuando lo interrogaron si habían dialogado sobre el procurador Soria y su destitución, contestó: “Pero (Pachas) no me dijo nada de Soria. No toqué el tema de Soria”. Ni el más ingenuo de los peruanos le podría creer.
Paralelamente a las amenazas del ministro, se ha desatado una campaña en contra de Soria. Se le cuestiona porque fue nombrado en febrero del año 2020 por el expresidente Martín Vizcarra sin tener trayectoria en la defensa jurídica del Estado, lo cual no es cierto.
Lo que no dicen sus detractores, sin embargo, es que en noviembre de ese mismo año, cuando Manuel Merino asumió la presidencia de la República, provocando la repulsa de la ciudadanía, Soria se enfrentó a la ministra de Justicia nombrada por Merino, Delia Muñoz.
Muñoz llamó a Soria a su despacho y le pidió que renunciara. Ella quería tener el control de esa procuraduría autónoma. Soria se negó a hacerlo y denunció la presión públicamente.
En ese entonces, los sectores de izquierda que ahora blindan al presidente Castillo elevaron a Soria casi a la categoría de héroe nacional. La historia hay que contarla completa, sin sesgos.
Está claro que a Castillo le incomoda que lo investiguen y ataca a las autoridades que lo hacen. Cuidado, ¡así empiezan los dictadores! Nos vemos el otro martes.
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