El Gobierno de José Jerí volvió a sacar la carta más dura de su baraja. En medio de una criminalidad que no da tregua y con cifras que mantienen en vilo a la ciudadanía, el Ejecutivo decidió ampliar por 30 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao. La medida quedó oficializada en el diario oficial El Peruano y regirá desde este 21 de noviembre.
Según el Decreto Supremo N.º 132-2025-PCM, la Policía Nacional seguirá a cargo del control del orden interno, pero contará nuevamente con el apoyo de las Fuerzas Armadas para patrullar las zonas consideradas de mayor riesgo. Todo se hará bajo criterios de inteligencia, estadísticas y mapas del delito.
La norma establece que, durante el estado de emergencia, podrán restringirse derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal. Se trata, según el Ejecutivo, de una respuesta necesaria frente al avance delictivo que golpea a ambas jurisdicciones.
El Gobierno recalcó que las actividades que no tengan carácter masivo podrán desarrollarse sin permiso previo, pero que toda actividad masiva deberá gestionarse ante las autoridades competentes. Esto incluye eventos religiosos, culturales, deportivos y no deportivos.
La prórroga del estado de emergencia abarca toda Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, territorios donde las cifras delictivas impulsaron al Ejecutivo a tomar nuevamente medidas extraordinarias. En ambos sectores, la Policía Nacional estará al frente de las intervenciones, con el soporte directo de las Fuerzas Armadas.
El decreto recuerda que toda acción deberá regirse al Decreto Legislativo 1186, que regula el uso de la fuerza, tanto letal como no letal, en situaciones de flagrancia. Las autoridades insistieron en que el respeto a los derechos humanos es una línea que no debe cruzarse durante ningún operativo.
En estos 30 días, las intervenciones buscarán responder a la urgencia de frenar delitos violentos y proteger de manera especial a la población vulnerable. La proporcionalidad y la legalidad serán los dos criterios que deberán guiar a cada unidad desplegada en las zonas críticas.
Mientras tanto, las calles de la capital y el primer puerto volverán a sentir la presencia mixta de policías y militares, un despliegue que se ha convertido en símbolo recurrente de los intentos del Estado por recuperar espacios dominados por la delincuencia.
El decreto también dispone que, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la culminación del estado de emergencia, el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) deberá presentar un informe detallado al Ministerio del Interior.
Ese documento incluirá los resultados de los operativos, las acciones ejecutadas y la evaluación del impacto obtenido durante las cuatro semanas de intervención. Luego, el reporte será elevado a la Presidencia de la República, al Congreso y al Poder Judicial.
El informe será clave para determinar si la medida se mantiene, se modifica o se levanta. Según la norma, todo el financiamiento para las acciones vinculadas al estado de emergencia provendrá de recursos del Estado.
Por ahora, la capital y el Callao entran nuevamente en una etapa de restricciones y vigilancia reforzada, con la expectativa de que esta vez la estrategia tenga un impacto real sobre la seguridad ciudadana.
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