La denuncia que interpuso una trabajadora del Poder Legislativo contra el legislador Freddy Díaz Monago por violación sexual continúa, así lo confirmó este lunes el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Además, a través de un comunicado, la entidad detalló que están brindando los servicios legales y acompañamiento psicológico correspondiente a la víctima de violencia sexual.
“Se realizará seguimiento para garantizar su recuperación integral y acceso a la justicia”, se lee.
Por otro lado, el MIMP rechazó las declaraciones del congresista Wilmer Elera, tercer vicepresidente del Congreso de la República, respecto al presunto abuso sexual a una trabajadora del despacho del parlamentario Freddy Díaz.
“El delito de violación sexual se configura cuando no hay consentimiento de la víctima. Es decir, una relación sexual tiene que darse libremente, sin coerción, manipulación o influencias e impedimento a resistencia (...)”, señala el comunicado.
“Declaraciones tales como ‘el hecho de haber estado bebiendo licor hace que sus conductas cambien’ o que ‘la señorita es la única mujer que trabaja en el espacio de puros hombres, lo cual ha creado un ambiente mucho más propicio, sobre todo, cuando empiezan a tomar licor’, pretenden justificar el delito de violación sexual, haciendo responsable a la víctima por el hecho ocurrido”, puntualiza.
El congresista Freddy Díaz se presentó esta mañana ante el Ministerio Público para brindar su testimonio. En declaraciones a RPP, rechazó la acusación de violación sexual.
“De ninguna manera (soy responsable de la violación). Soy enfático en ese tema. Rechazo todo tipo de acto de violencia contra la mujer y precisamente por eso estoy aquí, poniéndome a derecho para que la fiscalía pueda iniciar con este procedimiento”, señaló.
El programa Cuarto Poder detalló que, de acuerdo con la denuncia de la trabajadora, el hecho ocurrió el 27 de julio durante una reunión en una oficina del Congreso situada en el jirón Azángaro 468, en el edificio de nombre José Faustino Sánchez Carrión.
Tras ello, ella acudió con una amiga a la sede del MIMP, donde fue atendida por el Programa Aurora, cuya directora, Ángela Acevedo, indicó que la denunciante “estaba en una situación complicada emocionalmente” y que se le acompañó a la comisaría de San Andrés a interponer la denuncia.
Luego, el caso pasó al Ministerio Público, que dispuso el inicio de diligencias preliminares contra Díaz por el presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir. Se estableció un plazo de 90 días para investigar el caso.
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