La construcción de un megapenal con capacidad para 20 mil internos, la separación de reos por peligrosidad y nacionalidad, así como la creación de un comando unificado de seguridad dirigido por el ejecutivo, son parte de las propuestas de un plan contra la criminalidad elaborado por expertos en seguridad de varios partidos.
El documento denominado ‘Política de Seguridad y Lucha contra la Criminalidad’, ha sido suscrito por el Partido Popular Cristiano (PPC), el APRA, Fuerza Moderna, Avanza País y Unidad y Paz, y cuenta con el respaldo de Fuerza Popular.
Los expertos en seguridad de diversas tiendas políticas se reunieron en un foro y participaron en una serie de talleres de trabajo para desarrollar dicha idea integral de política de seguridad y lucha contra la criminalidad.
Los especialistas coincidieron en que el Perú enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes, con un incremento alarmante de homicidios, extorsiones y delitos ligados al crimen organizado, como el narcotráfico y la minería ilegal.
“El país necesita una respuesta firme y coordinada para enfrentar el avance del crimen organizado, que se ha expandido con redes internacionales como el Tren de Aragua. La ciudadanía ya no tolera la impunidad ni la falta de acción del Estado”, señalaron los organizadores del foro.
El documento propone un plan integral que abarca diversas reformas y acciones inmediatas, entre ellas: Liderazgo centralizado en seguridad, creación de un Comando Unificado de Seguridad, dirigido por el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad.
Asimismo, la revisión de la normativa del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para hacerla más eficaz y combate frontal al crimen organizado.
También propone estrategias para cortar la cadena de valor del narcotráfico y el oro ilegal, mayores facultades a la PNP y FF.AA. para el control territorial y la expulsión inmediata de delincuentes extranjeros.
El plan contempla reforma de la Policía Nacional y el sistema judicial, la eliminación del sistema de turnos 24x24 para aumentar la presencia policial y creación de unidades de flagrancia para agilizar la condena de criminales.
No solo eso, mayor inversión en tecnología e inteligencia policial, construcción de un mega penal con capacidad para 20,000 internos, implementación de penales productivos con inversión privada, separación de reos por peligrosidad y nacionalidad.
El documento también recomienda que el Congreso otorgue facultades legislativas al Ejecutivo por 60 días para aprobar normas urgentes, incluyendo la reorganización de la PNP, la creación de nuevos penales y la agilización de procesos judiciales contra criminales.
Se subraya que este esfuerzo trasciende diferencias políticas y responde a una necesidad urgente del país.
“Los peruanos están cansados de la delincuencia y la impunidad. Esta es una propuesta seria y viable para devolver la seguridad a nuestras calles”, concluyeron los firmantes.
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