TERRIBLE SITUACIÓN. La Defensoría del Pueblo informó que 223 personas del hospital Víctor Larco Herrera dieron positivo al nuevo coronavirus (COVID-19). De acuerdo a lo detallado por el establecimiento psiquiátrico se trata de 59 trabajadores y 164 usuarios. Esto, representa un incremento de cuatro veces el número de personas contagiadas a inicios de mayo cuando eran 22 trabajadores y 35 usuarios, según precisó la institución.
Por esta razón, la Defensoría del Pueblo solicitó al nosocomio mayor información respecto a los pabellones en los que se encuentran los usuarios contagiados y sobre el estado de salud de usuarios y personal de la institución. Asimismo recomendó adoptar medidas de atención y prevención eficaces, entre ellas cumplir con las disposiciones de desinfección de los ambientes establecidas en la normatividad vigente.
“La información brindada por las autoridades no es clara al señalar si la desinfección es diaria o solo se realiza mediante el procedimiento de fumigación, el cual ocurre una vez cada dos meses”, se lee en el comunicado.
También se solicitó regularizar el horario de alimentación de las personas usuarias, pues por información alcanzada por el propio hospital, se está brindando el desayuno a las 7:00 a.m., el almuerzo a las 11:30 a.m. y la cena a las 16:30 p.m., estando las personas usuarias sin probar alimentos durante más de 14 horas.
Ese horario se habría establecido para facilitar el desplazamiento del personal, considerando las disposiciones del D.S. N° 64-2020-PCM, que instituían la inmovilización a partir de las 6:00 p.m. Sin embargo, la institución recordó que cambiaron la inmovilización obligatoria a partir de las 08:00 p.m., con lo cual el horario de alimentación de los usuarios también podría haberse modificado.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre el reciente cierre del Centro de Salud Mental Comunitario (CSMC) Javier Mariátegui Chiappe de San Juan de Lurigancho, con el fin de utilizar dicho espacio físico para el funcionamiento del Centro de Comando COVID-19 Diris Lima Centro.
“Si bien el contexto de la pandemia exige a las autoridades respuestas acordes con la demanda, las decisiones respecto a los cambios en los servicios no pueden efectuarse en desmedro del derecho a la salud de las poblaciones vulnerables, como es el caso de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual usuarias de dicho CSMC”, señaló Malena Pineda, Jefa del Programa de Defensa y Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad.
“El Estado peruano se comprometió, mediante el Decreto Legislativo N° 1468, a promover y garantizar para las personas con discapacidad, de manera prioritaria, la continuidad de los servicios y las atenciones médicas, incluida la atención de la salud mental y entrega oportuna de medicamentos. Es un decreto publicado el 23 de abril de 2020 que está siendo desconocido con esta decisión de cierre del CSMC”, agregó la funcionaria.
La institución exhortó a la Dirección General de Operaciones en Salud del Minsa para que en coordinación con la Dirección de Salud Mental y la Diris Centro adopten acciones inmediatas que aseguren la atención eficaz a favor del derecho a la salud, integridad y vida de las personas usuarias de establecimientos de salud mental, en particular del hospital Víctor Larco Herrera y del CSMC Javier Mariátegui Chiappe.
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