La Contraloría detectó que funcionarios de la Municipalidad Provincial del Callao otorgaron conformidad del servicio y dispusieron el pago por el alquiler de vehículos para actividades de control, fiscalización y ordenamiento del comercio ambulatorio, sin existir evidencias de que la empresa contratada cumplió con el servicio, lo cual ocasionó perjuicios por S/ 222,768 a la entidad edil.
Según el informe N° 013-2022-2-0379-SCE, que expone los resultados del trabajo realizado por el Órgano de Control Institucional (OCI), determinó que “no hay evidencia de que el servicio se haya prestado, debido a que no existen informes o documentos que acrediten el cumplimiento del contrato”.
“La empresa contratista no proporcionó, entre otros documentos, las tarjetas de propiedad, ni el número de placas ni certificados de SOAT de los siete vehículos supuestamente alquilados. Se pudo comprobar que los funcionarios responsables tampoco exigieron la presentación de los mismos, a pesar que estos son requisitos indispensables en la contratación y validación del servicio”, señaló la Contraloría.
Asimismo, se evidenció que no existe un cronograma de actividades, número de personas trasladadas, rutas de transporte, horarios, información de los conductores, ni licencias de conducir, entre otros, que permitan evidenciar la prestación del servicio.
“Es más, no consta ningún tipo de evidencia que acredite y certifique haberse efectuado la supervisión por parte de la Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización que solicitó el servicio de alquiler de vehículos”, añadió la entidad al respecto.
Los hechos ocurrieron entre octubre del 2020 y febrero del 2021, cuando la Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización del municipio solicitó el alquiler de dos camiones, cuatro camionetas 4x4 y un bus para el traslado de personas que se encarguen del control del comercio ambulatorio en distritos focalizados de la provincia constitucional del Callao.
Los fondos para este fin provinieron de los recursos transferidos durante la emergencia sanitaria, a través del Decreto de Urgencia N° 115-2020, por el monto de S/ 2′868,435.
En razón de ello, el 29 de octubre de 2020, la municipalidad provincial del Callao, mediante resolución de alcaldía, aprobó la contratación directa por causal de emergencia, para la prestación del servicio de alquiler de los vehículos, incluido conductor y abastecimiento de combustible durante 68 días, del 24 de octubre al 31 de diciembre de 2020, sin que se haya sustentado la necesidad de contratar este servicio.
De acuerdo al informe de control, en los términos de referencia no se evidencia la justificación de contratar la cantidad de vehículos requeridos, ya que no se incluye el detalle del número de personal que será trasladado, la cantidad viajes diarios, las rutas de transporte, horarios, ni frecuencias, que se requerían para cumplir con la finalidad pública, lo cual contraviene la Ley de Contrataciones.
Tampoco se precisa el número de choferes necesarios para cada vehículo, los turnos ni la cantidad de combustible necesario para cubrir las rutas, considerando además que los centros de abastos y mercados no atendían hasta altas horas de la noche por la orden de inamovilidad debido a la pandemia.
Pese a estas irregularidades, los funcionarios de la Municipalidad Provincial del Callao, comprendidos en el informe antes señalado, otorgaron conformidad, tramitaron y autorizaron el pago de S/ 222,768, sin haber acreditado la supervisión y el cumplimiento del servicio contratado.
“Para justificar su accionar ante la comisión de la Contraloría, la gerente general de Desarrollo Económico Local y Comercialización (quien ya no trabaja en la entidad) entregó fotografías de supuestos vehículos utilizados y trabajos de recuperación en espacios públicos, sin embargo, no se identifica a los conductores, fechas, placas, ubicación ni la relación del personal que fue trasladado”, acotó la Contraloría.
Por estos hechos, el informe de control fue derivado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para las acciones legales penales correspondientes contra dos funcionarios. También se notificó al alcalde provincial del Callao para que disponga las acciones administrativas contra los seis funcionarios involucrados en los hechos irregulares.
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