Miles de comerciantes y empresarios agrupados en más de diez gremios, exigieron aprobar cuanto antes en el Pleno del el Proyecto de Ley N°4952-2022, que busca impedir el cierre arbitrario de locales comerciales por parte de las autoridades ediles ya que solo así se evitará la corrupción y extorsión que perjudica gravemente la actividad empresarial.

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“La amplia discrecionalidad con la que cuentan los inspectores municipales les permite clausurar locales indiscriminadamente por razones que no lo ameritan, como faltas administrativas menores, las cuales no figuran en la norma vigente como motivo de cierre”, precisó Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú – ABP.

“Para reabrir los locales se exige pagar multas que no pueden ser apeladas, coimas, donaciones o costear obras públicas. Esto atenta contra la libertad de empresa, el derecho al trabajo y pone en riesgo la continuidad de los negocios en el mercado”, agregó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de la Panadería y Pastelería – ASPAN, Pio Pantoja, rechazó que el proyecto de ley promueva la informalidad en el comercio. Por el contrario, precisó que, de no poner un freno a esta práctica indiscriminada de clausuras, miles de MYPES podrían huir a la informalidad. “Si nos siguen cerrando locales y exigiendo el pago de multas y coimas para poder abrir, solo van a lograr que todos huyamos a la informalidad”, sentenció.

Para Susana Saldaña, representante de los empresarios de Gamarra, “el proyecto de ley no recorta a las autoridades ediles sus facultades de fiscalización y sanción, sino que se limita a regular cuándo corresponden las medidas de clausura, que deben ser medidas extremas y extraordinarias. Clausurar establecimientos por faltas administrativas menores y subsanables al momento de las inspecciones, con el propósito de coaccionar a las empresas a pagar multas o coimas como condición para reabrir, es una práctica generalizada que debe erradicarse”, dijo la representante del emporio comercial.

El abogado de los gremios que promueven el proyecto, Jorge Lazarte, indicó que la normativa actual no establece plazos de reapertura de locales comerciales y urge una regulación que llene ese vacío para evitar abusos de autoridad. Precisó que, actualmente, son comunes los casos en que los inspectores pueden demorar semanas para volver a verificar la subsanación de observaciones, lo cual es sumamente dañino para los empresarios que siguen pagando alquileres, personal, servicios y mucho más.

En tanto, el presidente de la CONFIEP, Alfonso Bustamante, pidió a los parlamentarios prestar especial atención a este grave problema que afecta al país y darle una pronta solución. “Los empresarios están de acuerdo con las fiscalizaciones y, cuando corresponda, también con las sanciones; pero es necesario regular las clausuras para evitar abusos de autoridad. En este sentido pedimos la unión de todos los parlamentarios para que aprueben cuanto antes este proyecto en el pleno, porque de no hacerlo se seguirá dañando el ambiente de negocios, la competitividad y la economía del país”, enfatizó.

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