El Gobierno de Chile informó que desplegará desde este lunes 27 a sus Fuerzas Armadas en las fronteras con Perú y Bolivia en un intento por controlar el ingreso masivo de migrantes a través de pasos no habilitados en estas zonas.
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“Vamos a estar recorriendo algunos de los lugares del despliegue el próximo lunes, viendo cómo se va a apoyar este trabajo de las Fuerzas Armadas”, adelantó la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre la medida que inicialmente estará vigente por 90 días.
Los operativos se montarán puntualmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, según detalló el decreto difundido por el gobierno de Gabriel Boric, y la medida podrá ser extendida con la aprobación del Congreso, una vez concluidos los tres meses iniciales.
Las unidades militares podrán realizar controles de identidad y detener a personas que ingresen o egresen por un paso no habilitado de la frontera, para luego entregarlas a la policía local.
El decreto de ley emitido por el Gobierno chileno argumenta que existe un aumento de los flujos migratorios en el país, que ha provocado “la llegada masiva de población a través de pasos no habilitados”.
El alcalde Javier García, del municipio de Colchane, uno de los puntos fronterizos donde se activará la medida, denunció en una radio local que ingresan cerca de 400 personas diarias a través de pasos no habilitados. Chile registra un aumento de inmigrantes de países cercanos pero especialmente de Venezuela.
El poblado andino de Colchane, en la frontera con Bolivia, es el paso más utilizado de extranjeros para ingresar a Chile, donde han muerto decenas de personas durante los últimos años. Quienes logran llegar a ciudades chilenas se han instalado en carpas o en plazas o caminan a la deriva pidiendo ayuda.
Esta medida se suma a otras tomadas por Chile en los últimos años, para intentar controlar el flujo migratorio del norte. Hace un año, el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera amplió una zanja de 600 metros construida seis años atrás cerca de Colchane.
Bandas criminales dedicadas al contrabando y al narcotráfico construyeron puentes para cruzarla, que también fueron usados por migrantes indocumentados, principalmente venezolanos.
La medida, sin embargo, no fue bien recibida entre las autoridades de la zona, que adelantaron que no será efectiva para resolver la cuestión migratoria y reclamaron otras disposiciones que sí permitan hacer frente a este problema.
El gobernador de la región de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, comentó que sería efectivo establecer medidas paralelas, una mayor participación de las autoridades locales y comunicación fluida con los países vecinos.
Las decisiones sobre esta ley “nuevamente se tomaron a más de 2 mil kilómetros de donde está el problema”, por lo que “no se tomó el parecer de las autoridades regionales o la sensación de cómo esto podría materializarse o practicarse”, declaró en entrevista con Lo que Queda del Día.
En ese sentido, se mostró decepcionado con lo anunciado ya que, en realidad, esperaban que los militares pudieran impedir el ingreso al país por los pasos irregulares y no realizar controles que serán difíciles de implementar ya que -en su mayoría- se trata de personas indocumentadas.
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“Yo creo que va a ser muy complejo que la medida funcione. Yo espero que sí, tengo la máxima esperanza de que suceda bien, pero será muy complejo desde lo práctico”, agregó.
También, advirtió del efecto contrario que el decreto podría tener ya que, después de registrar a los migrantes, serán detenidos y llevados a un recinto policial, donde se llevará a cabo el proceso de reconducción, al cual señala de “totalmente fracasado”. (Con información de AFP).
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