Luego que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentara ante el Congreso una denuncia constitucional contra el expresidente Manuel Merino y sus exministros Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez por las muertes de los jóvenes Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez, en noviembre del año pasado, el ministro del Interior, Juan Carrasco, señaló que la otra investigación a cargo de la Policía Nacional aún está en segunda instancia, por lo que aún no hay resultados.
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En conferencia de prensa, reiteró que el sector Interior es competente solo en la vía administrativa, que tiene como objetivo determinar la presunta comisión de infracciones a la función policial durante la marcha nacional contra Manuel Merino, el pasado 14 de noviembre. Explicó que en julio pasado, Inspectoría General de la PNP ya derivó un informe, y el Tribunal de Disciplina Policial tendrá la decisión final de determinar las responsabilidades administrativas contra los policías involucrados.
Por ello, afirmó que se vienen evaluando las sugerencias de especialistas y de personas que participaron en esta protesta el año pasado para compilarlo en un protocolo que deberán seguir los agentes policiales al momento de participar en una protesta de este tipo. En esa línea, afirmó que queda descartada la participación de agentes del Grupo Terna de la PNP.
“En el caso de Inti y Bryan, como he señalado, hay un tema administrativo que está nivel del Tribunal Policial. El día 26 de julio se elaboró un informe, de la gestión pasada, y bueno, en ese informe Inspectoría remitió el informe al Tribunal de Disciplina de la PNP, pero ese informe va a ser visto en segunda instancia. Ellos son independientes [Tribunal Policial], ajenos a ningún tipo de presiones. A nivel penal hay dos tipos de investigaciones, ayer se presentó la denuncia constitucional, y hay otra denuncia que corre por la fiscalía de derechos humanos que también ve el tema”, explicó.
Mencionó que como parte del trabajo que vienen realizando para establecer un protocolo específico para el actuar de agentes policiales durante este tipo de protestas, se han hecho recomendaciones a través de la Oficina General de Integridad Institucional.
“Estamos trabajando en eso, en el uso la fuerza pública, de la cantidad del uso del gas lacrimógeno durante una protesta, y del uso de los elementos para contrarrestar estas protestas. Se está protocolizando y estamos sosteniendo reuniones con las personas que participaron en estas marchas para recoger sus inquietudes y poder evaluar correctamente los protocolos que contengan la metodología para este tipo de protestas”, remarcó.
“Definitivamente se descarta la autorización nuevamente de personal Terna para este tipo de protestas y también que cumplan con los estándares a nivel internacional para todo tipo de represión por parte de la Policía, en el caso de desborde”, añadió.
En un comunicado, el Ministerio Público informó que los ex altos funcionarios (Manuel Merino y exministros Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez) fueron denunciados como presuntos autores (por omisión impropia) de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves –a título de dolo eventual– por incumplir su deber constitucional y legal en el ejercicio de sus cargos como las más altas autoridades del país, de proteger la vida y la integridad física de los ciudadanos que participaron en las movilizaciones, y por no haber adoptado medidas para controlar el uso desproporcionado de la fuerza policial.
La tesis de la fiscal de la Nación es que Merino de Lama, Flores-Aráoz y Gutiérrez Limo habrían actuado con dolo eventual, toda vez que, desde que asumieron sus mandatos como altos funcionarios del Estado conocían de las manifestaciones sociales que se venían desarrollando desde el 9 de noviembre de 2020 –y que se extendieron hasta el día 15 de ese mes–, dado que estas eran reportadas por los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales, e incluso hubo exhortaciones al Estado peruano por parte de organismos internacionales.
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