El periodista Beto Ortiz denunció públicamente que es víctima de un presunto reglaje en su vivienda ubicada en Chaclacayo. Según contó en una entrevista con el programa Panorama, desde hace más de dos semanas ha notado la presencia constante de un vehículo con lunas polarizadas rondando su casa. Para Ortiz, se trataría de un intento de intimidación cuidadosamente disfrazado como un operativo policial.
Ortiz, conductor de El valor de la verdad, aseguró que la situación le genera gran preocupación, sobre todo considerando que actualmente enfrenta más de 20 denuncias judiciales, muchas de ellas, según dijo, impulsadas por personajes vinculados al poder político.
“Esto no parece un operativo real. Lo que quieren es asustarme o incluso atentar contra mí”, declaró el periodista, quien también comentó que policías de su confianza le han confirmado que lo observado no tiene características de una intervención oficial.
El último episodio ocurrió la mañana del domingo 13 de abril. El cuidador de su vivienda acudió a la comisaría del sector para presentar una denuncia. No obstante, Ortiz manifestó sus dudas sobre la efectividad de esas acciones: “Las garantías no protegen de nada. Sirven para que tus deudos digan ‘tenía razón’ después de que te pase algo”, afirmó, visiblemente preocupado.
Beto Ortiz también señaló como posible responsable de este seguimiento al empresario Zamir Villaverde, quien ha presentado denuncias en su contra, incluyendo una por presunta organización criminal que —según el empresario— estaría liderada por el exprimer ministro Alberto Otárola y la presidenta Dina Boluarte.
Recientemente, el Consejo de la Prensa Peruana solicitó al Ministerio Público que archive la investigación iniciada contra Ortiz y los periodistas Rosana Cueva y Eduardo Quispe, también denunciados por Villaverde.
Zamir Villaverde no es ajeno a los problemas judiciales. En 2007 fue detenido por integrar una banda armada que asaltó una pizzería. En 2009 fue sentenciado a diez años de prisión por robo agravado. Luego, en otro proceso, aceptó su culpabilidad por colusión y uso de documentos falsos, recibiendo cuatro años de pena suspendida.
Durante el gobierno de Pedro Castillo, se descubrieron sus vínculos con altos funcionarios. Fue recluido en el penal Ancón I por el Caso Puente Tarata, aunque recuperó su libertad en 2022. Desde entonces, ha acumulado cinco nuevas denuncias, según un reportaje de Cuarto Poder. Pese a que salió con el compromiso de seguir colaborando con la justicia, su comportamiento genera más dudas que certezas.
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