La frontera entre Perú y Bolivia se ha consolidado como uno de los principales puntos de ingreso de mercadería ilegal al país debido a la limitada presencia estatal y la facilidad para evadir los controles policiales y aduaneros. Desde electrodomésticos hasta productos de consumo masivo como cigarrillos, el contrabando forma parte de una red cada vez más compleja que impacta la economía formal y debilita la capacidad de fiscalización del Estado.
Las rutas de ingreso atraviesan puntos como Tilali y Desaguadero, desde donde la mercadería es trasladada hacia ciudades como Juliaca, Arequipa y Lima.
En estas zonas, viviendas cercanas a la frontera son utilizadas como centros de acopio clandestinos, mientras que el transporte se realiza mediante rutas alternas e incluso embarcaciones a través del lago Titicaca, facilitando el flujo constante de productos ilegales.
Silvia Hooker, secretaria técnica de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), advirtió que el contrabando ha evolucionado hacia esquemas más organizados y sofisticados.
“El contrabando ya no es un fenómeno aislado: opera a través de redes organizadas que afectan la economía formal, reducen la recaudación fiscal y evidencian la necesidad de fortalecer las acciones de control y fiscalización”, señaló.
El caso de los cigarrillos refleja con claridad los incentivos económicos que impulsan estas redes ya que la brecha de precios entre el producto ilegal y el formal genera altos márgenes de ganancia, afectando la recaudación fiscal, la economía formal y la protección de los consumidores.
Este patrón se repite en productos como combustibles, bebidas y bienes de consumo masivo.
La alta rentabilidad permite que estas redes se expandan a nivel nacional.
Además, estos productos no solo se comercializan en mercados físicos, sino también a través de redes sociales y plataformas de ecommerce, facilitando su distribución directa a consumidores en distintas regiones.
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