“Usted me recibe cien mil dólares mensuales a partir de hoy para brindarle toda la seguridad y protección necesaria al cártel de Medellín, para que se mantenga fuera de los problemas de la ley, o yo mato a usted, al papá, la mamá, a los tíos, a la esposa María, al niño Santiago, a la niña Pilar, hasta a su abuelita. Mejor dicho, si su abuelita está muerta, yo se la desentierro y se la mando a matar”, le dijo alguna vez el poderoso y sanguinario narcotraficante colombiano Pablo Escobar a un oficial que era su cancerbero.
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La anécdota me ha venido al recuerdo a propósito del asesinato la semana pasada de Israel San Román Doroteo, ‘La Tota’, su esposa, sus padres y dos de sus menores hijos. En apenas ¡26 segundos!, y a plena luz del día, un grupo de sicarios acabó con la vida de tres generaciones enteras.
Es el asesinato más espeluznante ocurrido en Lima, pero que ha quedado relegado a un segundo plano por las asonadas violentistas de un grupo de radicales de izquierda.
Son pocos los que han puesto en su real dimensión esta matanza. Se trata de una guerra fratricida entre sindicatos ilegales de construcción civil que se disputan el liderazgo en Lima. ‘La Tota’ era jefe de uno de esos más de cincuenta cárteles que, desde los años noventa, aparecieron con el ‘boom’ de las edificaciones en Lima.
Son grupos de delincuentes que se han hecho multimillonarios sin trabajar, chantajeando a constructores y a sus familias, a cambio de dejarlos hacer sus obras sin problemas. No solo a empresarios. También a cualquier ciudadano común y corriente que pretenda construir o arreglar su pequeña casita en cualquier barrio limeño. Eso ocurre en Lima y en todo el país.
“Es el inicio de una guerra sin cuartel. Ahora los cabecillas no respetan ni a las familias de sus enemigos. Antes, según sus códigos, nadie se metía con los familiares. Es un mensaje macabro que jamás había visto. Los niños aún estaban con vida. El sicario metió medio cuerpo por la ventana del auto para descerrajarles más de media docena de balazos a los menores. La orden era matar a todos”, me cuenta alarmado uno de los policías que investiga el caso.
La guerra de los cárteles de construcción civil no es de ahora, pero se ha radicalizado con este horrendo asesinato. Ningún gobierno le ha prestado atención a este flagelo y los mismos empresarios no denuncian las extorsiones. “Cómo vas a denunciarlos si te muestran las fotos de tus hijos”, me dice uno de ellos.
En el año 2010, se creó la Dirección Nacional de Protección de Obras Civiles (Diproc), pero el apoyo no ha sido suficiente. Lima se puede convertir en Ciudad Juárez, la localidad mexicana en cuyas calles diariamente aparecen regados cadáveres por la guerra del narcotráfico. Avisados estamos. Nos vemos el otro martes.
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