La participación ciudadana en proyectos de infraestructura es clave para fortalecer su legitimidad, sostenibilidad y eficacia en las decisiones públicas. En el Perú, donde las obras suelen tener impactos territoriales, ambientales y sociales significativos, como carreteras, aeropuertos, puertos, obras de saneamiento, energía y transporte urbano, la participación ciudadana cumple una doble función: por un lado, ayuda a identificar rápidamente preocupaciones locales y posibles conflictos; por otro, enriquece la calidad de la inversión al ofrecer información relevante que no siempre está presente en los expedientes técnicos.
En términos conceptuales, la participación ciudadana se refiere al conjunto de mecanismos formales e informales que permiten a la población acceder a información, expresar opiniones y, en ciertos casos, influir en decisiones que afectan su bienestar. En el ámbito de la infraestructura, esto se refleja en procesos como consultas, audiencias públicas, talleres participativos, acceso a estudios de impacto ambiental (EIA), mecanismos de queja y reclamo, vigilancia ciudadana y diálogo con las autoridades y los operadores. La evidencia comparada indica que una participación bien estructurada ayuda a reducir los costos de transacción a mediano plazo: aunque requiere tiempo y recursos inicialmente, disminuye la probabilidad de paralizaciones, judicialización y rediseños posteriores a la implementación de la infraestructura.
En esa línea, la calidad de los procesos participativos también incide directamente en el costo de hacer negocios en el país: proyectos con baja legitimidad social tienden a enfrentar mayores sobrecostos, retrasos e incertidumbre regulatoria, afectando la sostenibilidad económica de la inversión.
En el Perú, existen marcos normativos y procedimientos que incorporan la participación ciudadana, especialmente en los ámbitos ambientales y de gestión social. Un caso central es la participación en instrumentos de gestión ambiental (por ejemplo, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental), en los que la población puede revisar información, formular observaciones y asistir a espacios de deliberación convocados por el Estado y el titular del proyecto. En proyectos bajo esquemas de Asociaciones Público-Privadas (APP) o en obras públicas tradicionales, la participación suele manifestarse mediante la socialización del proyecto, mesas de desarrollo, compromisos de gestión social y mecanismos de atención de quejas.
Sin embargo, la práctica enfrenta desafíos recurrentes. Primero, existe asimetría de información. Los documentos técnicos suelen ser complejos y no siempre se comunican de manera accesible, lo que limita la participación informada y promueve percepciones de “participación simbólica”. Segundo, los tiempos de participación suelen ubicarse tarde en el ciclo del proyecto, cuando los aspectos fundamentales (trazado, localización, tecnología) ya están definidos y la posibilidad real de incorporar cambios es limitada. Tercero, hay problemas de representatividad y de captura, ya que no siempre participan quienes serán más afectados y algunos espacios pueden concentrarse en actores con mayor capacidad organizativa. Cuarto, la institucionalidad pública puede estar fragmentada porque diferentes entidades gestionan permisos, supervisión, expropiaciones o compensaciones, lo que genera mensajes contradictorios y debilita la confianza.
Este debilitamiento de la confianza no es menor. De acuerdo con el estudio “FDI Perceptions in Peru” (diciembre 2025), difundido en el marco de la iniciativa Saber Para Crecer, si bien entre 81% y 85% de peruanos considera que la inversión extranjera beneficia la economía, alrededor de 77% percibe que en minería suele generar daños ambientales y más de 80% cree que las empresas extranjeras recurren con frecuencia a prácticas poco éticas. Esta brecha entre expectativa económica y percepción de riesgo social y ambiental configura un entorno donde la sostenibilidad y la transparencia no son solo exigencias normativas, sino condiciones para reducir la conflictividad y mejorar el clima de inversión.
Aun así, existen oportunidades de mejora. Una primera es fortalecer los mecanismos de “participación temprana”, asegurando que gobiernos, empresas y comunidades locales dialoguen desde la etapa de prefactibilidad de los proyectos de inversión. Incorporar criterios territoriales y conocimientos locales en esta fase puede ayudar a anticipar riesgos, mejorar el diseño de los proyectos y generar confianza antes de que se tomen decisiones definitivas.
Una segunda es elevar los estándares de transparencia y trazabilidad, ya que no basta con escuchar. Se requiere registrar los aportes, responderlos y explicar qué se incorporó, qué no se incorporó y por qué. La evidencia de percepción ciudadana muestra que cerca del 70% de los peruanos considera que las empresas deberían estar obligadas por ley a publicar contratos, pagos, reportes ambientales y compensaciones a comunidades, lo que revela que la transparencia es vista como un componente estructural del modelo de inversión y no como un elemento accesorio. Esto puede apoyarse en plataformas digitales con información abierta, mapas del proyecto, cronogramas y repositorios de preguntas frecuentes.
Una tercera oportunidad es institucionalizar mecanismos de prevención y gestión de conflictos, articulando la participación con planes de relacionamiento comunitario y sistemas de quejas eficientes, con plazos claros y seguimiento público. Finalmente, resulta clave vincular la participación con la rendición de cuentas en la etapa de operación, ya que muchos impactos se materializan después de la construcción, por lo que los mecanismos ciudadanos deben continuar cuando la infraestructura ya está en marcha.
En resumen, la participación ciudadana en proyectos de infraestructura en el Perú debe entenderse como una inversión institucional y no como un simple trámite. En un contexto donde la opinión pública asocia sostenibilidad, control estatal y transparencia con legitimidad económica, fortalecer estos mecanismos no solo reduce riesgos sociales, sino que contribuye a mejorar la previsibilidad regulatoria y, en consecuencia, el costo de hacer negocios en el país. Esto ayuda a reducir los riesgos, a optimizar la toma de decisiones y a aumentar la confianza.
Por José Luis Bonifaz, experto aliado de Saber Para Crecer
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