Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una cachemita frita acompañada de majao de plátano, sarsa criolla y arroz graneado. Para tomar pidió una jarrita de limonada frozen. “María, la delincuencia es un problema nacional que debemos extirpar cuanto antes de nuestro país. Pese a todos los esfuerzos de la Policía, la ola criminal sigue en aumento, así como los asesinatos.
Y las extorsiones son el pan de cada día. Casi no hay negocio chico o grande que no sea amedrentado para el pago de cupos. Pero los que más sufren son las pequeñas bodegas de barrio. Solo en el 2023 se reportó la clausura de 2 mil 600 tienditas debido a la constante amenaza delictiva, según un especialista. Dijo que San Juan de Lurigancho es el distrito con mayor número de extorsiones, y la zona más complicada es Lima Norte.
“Este problema no solo afecta a los negocios, sino también a los familiares de los bodegueros, quienes han sufrido violencia y amenazas, incluyendo demandas de pagos exorbitantes para no atentar contra sus vidas”, lamentó. Esta situación no se puede permitir, pues se trata de emprendedores que intentan ganarse la vida de una forma honrada, pero hampones de la peor calaña les cortan la vida y su tranquilidad.
Pero sobre todo actúan con impunidad, pues mientras la Policía logra detenerlos, jueces y fiscales los sueltan por ‘leguleyadas’ o ‘falta de pruebas’. El Estado debe proteger a los contribuyentes y darles con todo a los maleantes. Nada de derechos humanos para personas que aterrorizan a sus semejantes, los matan o hieren por dinero. No les hagan caso a esas ONG de derechos humanos y construyan más cárceles en Challapalca para que se congelen. Hagan como en El Salvador, donde los ‘maras’ han sido derrotados. Algunos consejos de los expertos:
Contenido GEC