Este Búho lamenta que el Perú se vea sacudido por temblores no solo de tierra, sino también por terremotos políticos que tienen como epicentro e involucran directamente a la Presidencia de la República en la figura de Pedro Castillo.
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El cajamarquino tiene el triste privilegio de ser el primer presidente en ser investigado en funciones, nada menos que por el mismísimo fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que se basa en declaraciones proporcionadas por un nuevo colaborador eficaz, que pone al chotano en la mira de la justicia bajo ‘sospecha razonable’ de comandar una red delictiva enquistada en los más altos niveles del aparato estatal.
He reiterado que en estos diez meses de gobierno del ‘profesor’ con Perú Libre, no solo han reinado la ineptitud y la mediocridad, sino que también se ha exhibido una patológica y reiterada inclinación a nombrar prontuariados en puestos claves.
¡Teníamos un ministro acusado de dos asesinatos! Y su reemplazante es un tipo que ha estado en prisión. Como si fuera poco, también han primado el compadrazgo y el tarjetazo partidario del ‘lapicito’ que han terminado por destrozar la meritocracia.
Como consecuencia, la corrupción avanza impunemente, con Castillo a la cabeza. El tiempo me da la razón. Hoy la situación del presidente es muy delicada, pues Sánchez lo va a investigar por delitos muy graves como organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.
LOS NIÑOS
Castillo estará en el mismo saco junto a ‘joyitas’ como el que fuera impresentable ministro de Transportes Juan Silva y seis congresistas de Acción Popular llamados ‘Los Niños’.
El llamado ‘efecto teflón’, que parecía hacerlo inmune a las denuncias, no funcionó esta vez y se las verá con la Fiscalía. Estos nuevos testimonios coinciden con las declaraciones de Karelim López y los audios de Zamir Villaverde, que lo incriminaban directamente.
Con la aparición de un nuevo colaborador, quien declaró ante la fiscal Karla Zecenarro, y no solo delató a Silva, sino ¡oh, sorpresa! también al mandatario como el ‘cerebro’ del copamiento de funcionarios en el Ministerio de Transportes para sus intereses particulares.
Por ejemplo, relató que Fray Vásquez Castillo le comentó al empresario Zamir Villaverde que ‘Castillo tenía interés en designar a funcionarios en Pro Vías Descentralizado con el objetivo de adjudicar obras a las empresas de provincias que lo habían apoyado’.
La ruma de documentos analizados por Pablo Sánchez dan muestra de la angurria de Castillo, pues el aspirante CE-02-5D-2FPCEDEDCF-2022 señaló que ‘entre agosto y setiembre del 2021, Juan Silva habría llamado a Zamir Villaverde para solicitarle la suma de treinta mil soles citándolo a su departamento de Lima’.
El colaborador dijo que Villaverde había entregado el dinero al día siguiente de la llamada, circunstancia en que Silva mencionó que ‘era para el presidente Pedro Castillo’. En verdad, la delación del nuevo colaborador eficaz pone a Castillo en el centro de una red delictiva.
Esta investigación preliminar no tiene tiempo límite, pero puede dar herramientas al Legislativo para darle una salida política a Castillo. Sus abogados van a interpretar el artículo 117 de la Constitución, donde dice que al presidente no se le puede acusar por corrupción, sino solo por traición a la patria o por delitos referidos a la vulnerabilidad de los organismos electorales.
Pero la mayoría de juristas sostienen que no hay contradicción ni se atenta contra el artículo 117 de la Carta Magna. Una cosa es condenar y otra ‘investigar’, que es lo que está haciendo el fiscal Sánchez. Como finalmente sostiene: ‘No se puede esperar que culmine su mandato para investigar los hechos que se le atribuyen’. Llegó la hora de fumigar Palacio de Gobierno.
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