Este Búho observa con gran preocupación la degradación de la política en el país, lo que es terrible para el futuro de todos. Es la consecuencia de elegir autoridades mediocres y con graves limitaciones, como Pedro Castillo y Dina Boluarte, acostumbrados a rodearse de personajes oscuros y siniestros.
El chotano no tuvo ningún reparo en elegir como ministro de Trabajo a un individuo como Íber Maraví, un tipo vinculado a la sanguinaria agrupación terrorista Sendero Luminoso, que hasta fue acusado de participar en atentados. O nombrar como titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones, con un inmenso presupuesto de más de 13 mil millones de soles, a un ignorante como Juan Silva, actual prófugo de la justicia que lo acusa de corrupción y organización criminal.
Recuerdo que dijo públicamente que estaba capacitado para ser ministro porque ¡tenía brevete! El golpista entregaba altos cargos a gente de ese nivel que, a su vez, llegaba con sujetos de similar catadura, hundiendo más al ya ineficiente y corrupto Estado.
Dina, quien por ser la vicepresidenta de Castillo lo sucedió de forma constitucional en Palacio tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, ha seguido los mismos pasos. Recicló a Juan Santiváñez, censurado por su clamoroso fracaso como ministro del Interior, y lo nombró titular de Justicia. Resulta paradójico que le den precisamente Justicia a alguien cuyas oficinas fueron allanadas por la Fiscalía por un asunto de corrupción.
Es un operador político que susurra al oído de la presidenta, sobre quien ejerce evidente influencia. Esta relación medio extraña y sospechosa de dependencia hace recordar a los ‘gemelos’ Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. El malévolo ‘Doc’ se convirtió en alguien indispensable para el ‘Chino’ y desde las sombras lo digitaba casi todo.
La congresista Ruth Luque ha llamado a Santiváñez ‘el Montesinos del gobierno de Dina’. Defensor de policías corruptos, incluso vinculados a demenciales organizaciones criminales, Santiváñez no puede ser ministro de Estado. Dirán que un abogado está para defender a Dios y al diablo, pues todos tienen derecho a una defensa legal. Claro que sí, pero un abogado así no puede estar en el gobierno. Y más cuando acaban de hacerse públicos audios en los que, según la Fiscalía, cobró un soborno de 20 mil dólares destinado a magistrados del Tribunal Constitucional para asegurarse un fallo a favor de su cliente.
Alguien con semejante currículum no podría ser ministro de nada en ningún país respetable. Pero en el Perú de hoy sí ocurre. Más cuando la presidenta grita en actos públicos, haciendo alarde de finura, que las críticas ‘me llegan’ y ‘me baño en manteca’.
Dina dice que es más hermana que presidenta, y por eso utiliza hasta a ministros para defender a su hermanísimo Nicanor, investigado por la justicia.
La mandataria hace del Perú su chacra porque el Congreso se lo permite. El fujimorismo y el acuñismo la apañan y la señora, que es rechazada por la inmensa mayoría de peruanos, se envalentona y abusa del poder. Si este Parlamento fuera un poquito decente, alguien como Santiváñez no existiría en política. Pero qué se puede esperar de un Congreso en el que una de sus exasesoras, Andrea Vidal, fue asesinada brutalmente a balazos, tras lo cual se destapó una vergonzosa red de favores sexuales a cambio de votos de ciertos ‘otorongos’, que operaba en los edificios de este poder del Estado.
Ese crimen y todo lo que lo rodea parece haber quedado en el olvido. Le echaron tierrita. Lo mismo pasa con otro homicidio sin resolver, el del empresario Nilo Burga, dueño de Frigoinca, investigado por corrupción en el hoy desaparecido programa Qali Warma.
La impunidad se impone. Existe una evidente intención de copamiento de los poderes y por eso ahora buscan tumbarse a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. No le caerá bien a todos, pero hoy es importante como contrapeso. Si la sacan, luego irán por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello. Apago el televisor.
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