Este Búho escribe con indignación al ver cómo despreciables delincuentes disparan en la cara a un humilde vendedor ambulante de jugos de naranja, a quien le exigían un cupo diario de quince soles. Son tan miserables que chocan con un joven trabajador que vende cada vasito a solo un sol. Y ayer todos nos levantamos con la infausta noticia del terrible asesinato de los trece trabajadores secuestrados hace días en Pataz.
Las víctimas brindaban servicios a un minero artesanal que tiene un contrato de explotación con la minera Poderosa y fueron ejecutados uno a uno a balazos por estas alimañas, en un socavón, mientras lo grababan. Es triste decirlo, pero estamos llegando a los niveles de violencia demencial de Tijuana y Ciudad Juárez, en México, donde la vida no vale nada. Esta masacre y el salvaje ataque al juguero, en pleno Estado de emergencia, son solo dos muestras más de la gravísima situación que está atravesando el Perú, desbordado por el sicariato y las extorsiones, mientras tenemos un gobierno pusilánime, incapaz de reaccionar con firmeza.
Mientras todos los días asesinan a peruanos trabajadores, como los transportistas, la presidenta Dina Boluarte está más preocupada en contratar al inoperante Juan Santiváñez, quien fracasó de forma rotunda en la lucha contra las organizaciones criminales. Con qué objetivo la mandataria le crea una oficina para tenerlo cerca y le susurre al oído, cuando el tipo ha sido defensor de policías vinculados a bandas criminales. Es evidente que sus mayores intereses están en contar con él como el operador político que siempre fue y le mueva sus asuntos personales, como las acusaciones fiscales en su contra.
Mientras tanto, los grupos delincuenciales se van haciendo cada vez más fuertes y toman del control de más territorios donde imponen su ley a sangre y fuego con total impunidad. La minera Poderosa emitió un comunicado el último viernes, señalando que días atrás la Policía movilizó a más de 800 efectivos para un operativo en Pataz, pero no actuaron sobre las bocaminas ilegales.
Los campamentos mineros de los grupos criminales están a la vista de todos. Es imposible esconderlos, pues emplean enorme maquinaria especializada, volquetes y cargadores frontales para la extracción del oro. Hay muchos policías valientes y esforzados que lo dan todo y sangran enfrentando a las mafias, pero también hay ‘manzanas podridas’.
Por qué la Policía y las Fuerzas Armadas no van sobre estos asentamientos, los destruyen y capturan a todos los involucrados. Por qué las autoridades permiten que sigan operando con total impunidad, luego de haber asesinado para apropiarse de esos socavones.
La minería ilegal mata personas, prostituye mujeres y niñas, destruye la tierra, contamina los ríos y no paga impuestos multimillonarios al Estado. ¡Pero nadie hace nada!
Para este columnista queda claro que estas organizaciones criminales han comprado con millones de soles manchados de sangre a autoridades en todos los niveles, desde los más bajos hasta los más altos del poder.
En el Congreso mismo tenemos parlamentarios que deberían estar presos, pues no dejan de sacar leyes a favor de la minería ilegal, con la mentira de que están defendiendo a los mineros artesanales e informales. Estos últimos no son delincuentes y no se les puede meter en el mismo saco con los mineros ilegales, que emplean bandas de asesinos con armamento militar.
En las próximas elecciones tendremos más candidatos financiados por la minería ilegal y asesina. Y no olviden que todo esto que vivimos es la consecuencia de haber elegido a un ignorante izquierdista como Pedro Castillo, para presidente, y su sucesora Dina Boluarte, la que ahora cogobierna con el fujimorismo, el partido de César Acuña y Perú Libre de los hermanos Cerrón. Apago el televisor.
MÁS INFORMACIÓN:
