Este Búho no encuentra palabras para describir los horrores que causa la criminalidad en el país. Las bandas extranjeras están dejando una diabólica escuela a los delincuentes nacionales. Lo que sucede en San Juan de Lurigancho, por citar un caso, el distrito más poblado del país, con un millón de habitantes, no tiene comparación. Los extorsionadores han llegado al colmo de cobrar cupos a ciudadanos que se encargan de organizar campeonatos de fulbito en losas deportivas.
El fin de semana a mediodía y en pleno partido de campeonato, un maldito sicario cruzó la canchita y acribilló delante de niños al organizador del torneo. La víctima se había negado a pagar ‘cupo’ por organizar el festival. Increíbles los niveles a los que hemos llegado. ¿En qué clase de sociedad vivimos?
A este paso, en ese populoso distrito van a cobrar cupos hasta por respirar. Las mafias venezolanas han establecido una siniestra alianza con sus pares colombianos en el préstamo del ‘gota a gota’. Pero han incluido nuevas modalidades. ‘Marcan’ a los emprendedores de los mercados, a los comerciantes, a los negocios de las avenidas y les ofrecen los ‘préstamos’ con leoninos intereses.
Pero si se niegan a aceptar el dinero, se averiguan sus datos e igual les depositan la plata en el banco. ¿Y si no pagas? Tiran bombas a tu casa, incendian tu auto, amenazan a tus hijos. ‘Los Gallegos’ venezolanos son sanguinarios y les han declarado la ‘guerra’ a los prestamistas nacionales. Un sicario llanero acribilló a dos hermanos y a su primo que habían iniciado el negocio de préstamos. Para aterrorizar a la población de San Vicente de Cañete, el asesino grabó la masacre y advirtió: “Para que esté claro: el hampa es de ‘Los Gallegos’”.
Seguramente si un crimen tan espeluznante se hubiese cometido en Chile, el Ministerio del Interior o directamente el presidente habría ordenado nuevas directivas para golpear a las bandas extranjeras. Pero aquí el ministro del Interior es una sombra. Pareciera que con él no es la cosa, deja toda la responsabilidad a los jefes de la Policía. Y en cualquier sociedad del mundo, la lucha contra la criminalidad tiene que partir de una responsabilidad política. Del Gobierno. Acá a Dina Boluarte se le ve asustada, escondida.
‘EL PLAN BRATTON’
Cuando se implementó el ‘Plan Bratton’, que redujo la criminalidad en la ciudad de Nueva York, que era la metrópoli más peligrosa del mundo, se necesitó el liderazgo político del alcalde Rudolph Giuliani, quien convocó al jefe William Bratton y lo hizo responsable del Departamento de Policía de la ciudad de 1994 a 1996. Antes de Bratton, la ciudad de ocho millones de habitantes había perdido su batalla contra la alta criminalidad. A diario se reportaban seis homicidios, ocho violaciones y 419 delitos violentos. A ese plan lo denominaron ‘Tolerancia Cero’.
En primer lugar, se percataron de que había un reducido número de efectivos para la voluminosa cantidad de delincuencia común, desde la juvenil hasta los asesinos y narcotraficantes. Por eso multiplicaron la presencia en la calle y sacaron a 37 mil policías. Descentralizaron los poderes de las comisarías distritales. Así el comisario en jefe de Queens o Harlem tenía autonomía, así como sus efectivos, para trabajar sobre el distrito sin que lo supervisen de otro poder policial.
Con esto el policía se sentía identificado con su jurisdicción y establecía una interacción con los vecinos. La policía de Nueva York realizaba batidas y controles diarios, a cada hora. Encarcelaba a muchísimas personas, pero allí encontraba a asesinos requisitoriados, violadores, terroristas o criminales en potencia. No funcionaban los sobornos para que dejen ir por manejar en estado de ebriedad, no te soltaban si robabas un celular o un artículo en una tienda o hacías laberinto en la calle.
Los resultados fueron espectaculares: entre 1990 y 2007 se redujo el índice criminal en un 77 por ciento. Eso debería implementarse en Lima y provincias. Para un especialista, el exministro del Interior Remigio Hernani, el principal problema de la criminalidad se encuentra en las extorsiones.
A todo nivel. Desde los ‘cupos’ a grandes proyectos de inversión como el metro de Lima, el aeropuerto, hasta las invasiones en asentamientos humanos, los emprendedores de mercados, colegios, nadie está a salvo.
“La Policía no se da abasto —sostiene Hernani—, las extorsiones las solucionaba la División de Investigacion y Secuestros. Hasta junio tenía solo dos vehículos del año 2006, 180 investigadores, dos motos, computadoras obsoletas y a veces trabajaban sin Internet en un patio en la Policía Judicial, recién los han trasladado a un piso en la avenida España”.
Para el general, es urgente que la autoridad política se comprometa en la lucha contra la criminalidad y la dote de recursos. Este columnista escuchó el discurso de Dina Boluarte el 28 de julio y a pesar de que se refirió a un cambio en la lucha contra la delincuencia, sobre todo extranjera, no vemos resultados. Todo sigue igual o peor.
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, acaba de lanzar una propuesta que debería ser tomada en cuenta: “Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. ¿Por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana?”. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
El Perú es el país con mayor índice de criminalidad en la región, por sobre Ecuador y Venezuela, porque Maduro ‘exportó’ a sus lacras delincuenciales de las calles y cárceles. Urge una acción política del Gobierno, la Policía, las municipalidades y los vecinos. Juntos contra el crimen. Apago el televisor.
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