Este Búho ve con profunda preocupación la grave inseguridad ciudadana del país, jaqueado por las cada vez más sanguinarias mafias de raqueteros, ‘marcas’ y extorsionadores. Todos los días balean a choferes de buses por cupos de cinco soles y las lacras llegadas del extranjero asesinan a nuestros policías a sangre fría sin que se les mueva un pelo. Lo peor es que lo seguirán haciendo porque no le temen a nuestra justicia. Se burlan de ella.
Las organizaciones criminales tiene aterrorizada a la gran mayoría de peruanos que temen salir a la calle. En Trujillo lo que se está viviendo ya sobrepasó todos los límites, pues han destruido una vivienda con unos veinte cartuchos de dinamita que al explotar remecieron la ciudad, causando terror.
Hace unos meses hicieron volar el frontis del Ministerio Público en esa zona del país, mientras su gobernador regional, el inefable César Acuña, no se hace problemas porque sigue yéndose de vacaciones al extranjero a disfrutar de la buena vida. Igual a este personaje son muchas autoridades en todos los niveles del gobierno.
La presidenta Dina Boluarte visitó ayer la isla Santa Rosa en Loreto, pero también hubiera aprovechado para ir a La Libertad a ver ella misma la caótica situación que se vive por allá. Ya estamos como en las épocas más sangrientas de Sendero Luminoso y sus mortales ‘coches bomba’. Es como si nuestros gobernantes ignoraran que el principal problema del Perú es la delincuencia que no nos deja vivir en paz.
Este columnista sostiene que se debe conformar un equipo especial de inteligencia para enfrentar a las mafias, como el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) en la época de Sendero Luminoso para hacerle frente y derrotar al terrorismo.
Son miles de ciudadanos que han cerrado sus negocios, emprendimientos forjados con arduo trabajo y migrado al extranjero para no volver por culpa de los malditos extorsionadores, por los asesinatos de ciudadanos que no pagaron cupos, de trabajadoras sexuales que no quieren seguir esclavizadas por las mafias de los venezolanos, por las granadas que lanzan a locales públicos.
Todo esto no puede tipificarse como simples ‘delitos comunes’. Esto ya es ‘terrorismo urbano’ puro y duro. Y como tal, estas lacras deben ser combatidas por el Estado con un comando especial dedicado única y exclusivamente a desbaratarlas, que investigue, infiltre y las destruya.
La Policía no puede seguir recogiendo cadáveres que riegan los homicidas, pues deben estar un paso adelante. Las autoridades judiciales no pueden seguir soltando a peligrosos criminales.
El Ministerio Público actúa como el doctor Jekyll y el señor Hyde. Por un lado, a los peligrosos delincuentes detenidos en flagrancia los libera y en otros casos dictan prisiones preventivas como cancha para personas que no constituyen mayor riesgo.
Hace años alcaldes, Policía, Ministerio Público y Poder Judicial inauguraron ‘módulos de flagrancia’, para que los detenidos in fraganti sean procesados inmediatamente al ser capturados. Con esto se evitan los encontronazos entre la Policía que elabora la investigación del delito y el fiscal que está totalmente desligado del hecho criminal, y en vez de preocuparse porque el malhechor se vaya preso preventivamente, pone trabas a la Policía y si se demoran unos segundos dejan en libertad a peligrosos criminales.
Como sucedió con la fiscal que dejó libres a los cómplices de ‘Maldito Cris’, quienes huyeron del país. Urge que la Policía y la Fiscalía, ante la situación de emergencia y la ola de inseguridad ciudadana, trabajen en conjunto las 24 horas. Aquí juega también el dinero sucio de la criminalidad que ‘aceita’ a malos fiscales y jueces, y el amedrentamiento de las mafias. Apago el televisor.
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