Este Búho considera que nada, absolutamente nada, ni la exigencia de la renuncia de Dina Boluarte, ni el intento de imponer una asamblea constituyente o el exigir la libertad del ladrón y golpista Pedro Castillo, puede justificar el sincronizado accionar de terror y destrucción de la propiedad pública y privada que grupos violentistas vienen ejecutando en Puno, Arequipa, Ica y Lima. Este columnista saluda el derecho a la protesta pacífica, que se marche por más incomprensibles que sean los pedidos.
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Pero los dramáticos hechos ocurridos esta semana en Puno, donde incendiaron una comisaría y los policías estuvieron a punto de ser achicharrados y fueron rescatados por un helicóptero, y quemaron un local del Poder Judicial, configuraban el delito de terrorismo y es necesario decirlo con todas sus letras. En La Joya, Arequipa, donde también incendiaron la comisaría y tomaron de rehén a un policía, le rociaron gasolina e iban a prenderlo sino fuera por la providencial intermediación de un sacerdote. Había soldados con FAL pero no intervinieron. ¿Qué es lo que se está buscando? Esos terroristas querían que los militares abrieran fuego y causaran víctimas para acorralar a la presidenta.
En Ica, su objetivo es la destrucción de las prósperas empresas agroindustriales que son el motor laboral de la región, pues dan trabajo a miles de peruanos. Los radicales bloquearon la carretera e incendiaron las casetas de seguridad de las compañías y amenazaban a los trabajadores para que no laboren y se unan a los desmanes. Muchas empresas han tenido que cerrar. Los principales perjudicados son los humildes trabajadores y agricultores, que pierden su jornal. Igual en Puno, donde padecen los informales, los vendedores de mercado, los que comen gracias al turismo. Las cajas municipales han cerrado y los comerciantes de las pequeñas empresas no pueden pagar sus créditos. ¿Quién habla por ellos? Es muy fácil e irresponsable alentar las paralizaciones desde un cafetín o una taberna, como la izquierdista Verónika Mendoza, que en un año y medio de podredumbre de Castillo nunca abrió la boca ante las corruptelas, porque tenía sus dos ministerios y asesorías.
Es cierto que no se puede meter en el mismo saco y decir que todos los que protestan son responsables del caos y la destrucción. La mayoría es gente que quiere con la protesta hacer oír su voz y con ellos la presidenta debe insistir con el diálogo. Pero definitivamente el país está enfrentando una guerra siniestra y muy violenta, organizada por grupos pequeños, pero muy bien organizados, donde confluyen el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, el contrabando y los remanentes de Sendero Luminoso. Son ellos los que se están posicionando en el sur. No es posible que los bloqueos de carreteras aíslen Madre de Dios y no dejen pasar camiones del Ministerio de Salud que llevan medicinas al hospital. Ellos también son peruanos.
Insistir en el diálogo, mantener una comunicación con la población, demostrar empatía con las víctimas de todas las partes y llegar hasta el fondo de la verdad sobre quiénes dispararon, son anuncios presidenciales que intentan abrir puentes. Pero, por otro lado, con los grupos que causan terror, incendiando comisarías, matando y secuestrando policías, incendiando locales del Poder Judicial, destruyendo minas, empresas agroindustriales o incendiando casas de congresistas, el Estado debe enfrentarlos asumiendo el principio de autoridad con firmeza y otras estrategias, entre ellas trabajo de Inteligencia, sobre todo, para detener a los cabecillas. El Congreso tampoco ‘debe echarse grasa’ y creer que solo Boluarte es el problema. Ellos tienen el deber ante el país de adelantar las elecciones. Apago el televisor.
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