En marzo de 2011, Los Zetas realizaron una masacre en el municipio de Allende, Coahuila, que no recibió la atención de los medios en su momento, sino hasta después de muchos años después. ‘Somos.’, miniserie de Netflix que está basado en el reportaje de la periodista Ginger Thompson, ficciona esta dura realidad. No es una serie de narcos, sino de sus víctimas: de quienes intentan sobrevivir a la violencia.
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Según las cifras de la procuraduría estatal, hubo 42 desaparecidos en un lapso de 14 meses. Sin embargo, según recuentos ciudadanos, la cifra llegó a 300 víctimas.
Los académicos de El Colegio de México (Colmex) presentaron un informe sobre este caso, que fue elaborado con el auspicio de la Comisión Ejecutivo de Atención a Víctimas (CEAV), determinando que hubo mucha complicidad de los agentes del Estado para que Los Zetas secuestraran, mataran y desaparecieran a muchos allendenses.
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La serie 'Somos.' ofrece una perspectiva de la masacre ocurrida en octubre de 2011 en Allende, Coahuila. (Netflix)
DESAPARECIDOS EN DOS DÍAS
Del 18 al 20 de marzo de 2011, Los Zetas atacaron 32 casas y ranchos de Allende. La finalidad de estas arremetidas era para vengarse de Alfonso ‘Poncho’ Cuéllar y Héctor Moreno Villanueva. Al menos 26 personas desaparecieron, según Colmex.
Todos eran familiares, amigos y trabajadores de Cuéllar y Moreno Villanueva, a quienes los líderes criminales Miguel Ángel (Z-40) y Omar Treviño Morales (Z-42) acusaban de haber información a la DEA y de haberse llevado entre 5 y 10 millones de dólares producto del tráfico de drogas.
Para Colmex esto tuvo cuatro etapas: preparativos, ejecución, destrucción de casas y manejo de cuerpos, muchos de los cuales se cree fueron incinerados. La policía municipal fue cómplice, pues tenía órdenes de no salir a patrullar ni atender llamadas de emergencia, bajo pena de muerte.
La serie 'Somos.' recoge los testimonios del reportaje 'Anatomía de una masacre'. (Netflix)
Los Zetas siguieron secuestrando, matando y desapareciendo gente relacionada a Cuéllar y Moreno Villanueva, elevando la cifra hasta 42 personas, oficialmente, aunque los investigadores obtuvieron testimonios que fueron muchos más.
Además, Allende no fue el único municipio que fue alcanzando por la violencia de Los Zetas. Múzquiz, Nava, Piedras Negras y Zaragoza también fueron atacados por la organización criminal.
POLICÍA CÓMPLICE
En el informe de Colmex se consigna que Los Zetas comenzaron a sobornar a los policías para que no patrullaran y ayudaran obligatoriamente a los integrantes de la organización criminal. Algunos agentes cooperaban “por obligación y otros por gusto”.
Las ‘cooperaciones’ entre la policía municipal y Los Zetas eran ignorar denuncias y reportes, avisar si llegaban los militares, reportar la presencia de vehículos con placas que no pertenecían al estado, sobornar a los mismos ciudadanos de Allende, participar en la detención de las personas y permitir que los criminales entraran a la prisión para sacar a sus compinches.
Después de la masacre de Allende, nadie investigó las desapariciones porque argumentaron que no tenían las facultades para hacerlo.
El pueblo de Allende fue arrasado por Los Zetas. (National Geographic)
LOS OLVIDADOS
Los gobiernos de México no han tenido un buen manejo después de 10 años de la matanza. Se intentó promover reformas a quienes sufrieran violaciones a los derechos humanos, pero tuvo muy pocos resultados.
En 2014 se envió a un grupo de peritos a las casas y ranchos atacados: se encontraron 66 fragmentos óseos y 68 dentales.
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) nunca se interesaron por el caso.
Incluso, la CNDH mintió al informar que estaba investigando los hechos y buscando testimonios cuando fueron desmentidos por el propio alcalde de Allende.
La Comisión Ejecutivo de Atención a Víctimas (CEAV) tampoco fue determinante en la atención de la masacre en el pueblo mexicano debido a que, según el Colmex, tiene un deficiente diseño institucional, desorden burocrático, distancia entre sus comisionados y con las organizaciones de víctimas, y lentitud en la entrega de recursos del fondo para este sector.
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