El rapero catalán Pablo Hasél se ha convertido para algunos en un símbolo de la libertad de expresión en España debido a que ha sido detenido y encarcelado durante nueve meses por unos tuits contra la monarquía y las fuerzas de seguridad de su país.
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Hasél, de 32 años, fue arrestado en las afueras de la Universidad de Lérida, en la región nororiental de Cataluña, en donde se había atrincherado respaldado por decenas de jóvenes. “¡No nos van a parar nunca, no nos van a doblegar! Muerte al Estado fascista”, gritaba el cantante durante su detención. Luego fue trasladado directamente al centro penitenciario de esa localidad, donde ingresó de inmediato, informó la policía.
En Barcelona, unos 1.700 manifestantes gritaron “Libertad para Pablo” y “No estás solo”. Lo mismo sucedió en otras ciudades del país. Algunos manifestantes encapuchados quemaron contenedores de basura y lanzaron objetos y piedras a la policía.
Varias tiendas y un banco sufrieron daños. Según las autoridades municipales los daños ascienden a unos 84.000 euros, reportó a la Televisión Española.
Las manifestaciones culminaron con 14 personas detenidas. Además, los servicios de emergencias informaron que 33 personas fueron atendidas por lesiones en los disturbios.
Alrededor de 200 artistas, entre ellos el director de cine Pedro Almodóvar, el actor Javier Bardem y el cantautor Joan Manuel Serrat, firmaron un manifiesto en su defensa.
No es la primera vez
Hasél, cuyo nombre real es Pablo Rivadulla Duró, ya había afrontado en el 2014 cargos de agresión, allanamiento de un espacio privado, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona en sus canciones. En esa ocasión, no fue a parar a prisión.
Ahora ha sido condenado a nueve meses de cárcel por 64 tuits publicados entre 2014 y 2016. El cantante tenía plazo hasta el pasado viernes para entregarse voluntariamente y empezar a cumplir sentencia por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y las fuerzas de seguridad.
En sus tuits, el músico atacaba a la monarquía. “Mercenarios de mi”, escribía sobre las fuerzas policiales y las acusaba de torturar y asesinar a manifestantes e inmigrantes.
El viernes pasado, Hasél declaró a la agencia AFP que había que no se entregaría a las autoridades. “Tendrán que venir ellos a secuestrarme y también servirá para que el Estado quede retratado como lo que es: una falsa democracia”, declaró.
El gobierno del país, una coalición de izquierda, anunció la semana pasada que tenía planes para cambiar el código penal y eliminar las condenas a prisión por delitos relacionados con la libertad de expresión.
Amnistía Internacional señaló que el caso era el último en una serie de juicios en España artistas y usuarios de medios sociales amparadas por la Ley de seguridad pública de 2015, aprobada por un gobierno conservador.
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