Han pasado tres años desde el estadillo social y protestas que se desataron en Santiago de Chile por un cambio drástico en la política. Tras un año de Asamblea Constitucional, Chile realizará este 4 de setiembre la última de las tres votaciones de su cambio de constitucional.
Tras bastante tiempo de espera, al fin los chilenos podrán votar aprobando o rechazando la Carta Magna que ha demorado un año en estas lista y en la cual se han invertido millones de dólares.
Según AFP, el proyecto de Constitución que se votará el domingo en Chile determina un “Estado social y democrático de derecho” en contraste con la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que dejó la educación, la salud y otros asuntos sociales en manos del mercado.
El lunes pasado el presidente Gabriel Boric confirmó que recibió la constitución y pidió al pueblo que estar orgullosos de dichas páginas.
“Hay algo en lo que todos y todas tenemos que estar orgullosos: que en el momento de la crisis más profunda política, institucional y social que ha vivido nuestra patria en décadas, los chilenos y chilenas optamos por más democracia y no por menos”, comentó.
Cabe señalar que si gana la opción “apruebo”, esta empezará a regir “in actum”. Mientras que si gana el “rechazo” la constitución de 1980 seguirá vigente.
Es por ello que ahora se da conocer los cambios más sensibles que proponen las 178 páginas, 388 artículos y 57 normas transitorias, que este domingo más de 15 millones de electores deben votar: “Apruebo” o “Rechazo”.
La Constitución vigente divide al Congreso entre la Cámara de Diputados y el Senado. Sin embargo, este último busca “perfeccionar” el trabajo de los diputados.
La propuesta elimina el Senado y crea dos Cámaras sin el mismo poder de decisión entre ellas. El nuevo texto establece un Congreso de Diputados para la formación de leyes y una Cámara de las Regiones solo para aquellas “de acuerdo regional”, pero lejos de tener el peso que ha tenido hasta ahora el Senado
El proyecto propone un Sistema Nacional de Salud Universal, donde la mayoría de la clase media paga altos costos por los servicios sanitarios.
En el presente todos los empleados formales deben destinar por obligación un 7% de su sueldo para la Salud. Ese monto puede ir 100% al sector privado pero éstos no cubren el 100% de una enfermedad, cirugía ni medicamentos.
Este sistema ha hecho que solo los empleados con sueldos más altos pueden pagar seguros privados, que solo el 16% de la población lo usa.
El nuevo texto plantea que las cotizaciones obligatorias en salud vayan un 100% al sistema público y que se permita contratar seguros privados adicionales.
La nueva Constitución establece el derecho a una vivienda digna y plantea que el Estado deberá asegurar que esta incluya servicios básicos, una ubicación apropiada y un espacio suficiente, lo que apunta a regular las viviendas sociales y la construcciones de los llamados ‘guetos verticales’, edificios con cientos de apartamentos, estrechos y donde se convive en hacinamiento.
La Constitución de 1980 protege “la vida del que está por nacer”, aunque en 2017 Chile despenalizó el aborto en tres causales.
La influyente ola feminista logró que se incluyera el derecho a una “interrupción voluntaria del embarazo”, que de ser aprobada ubicaría a Chile a la vanguardia mundial.
La Constitución de 1980 no hace referencia alguna a los pueblos originarios, que representan el 12,8% de la población chilena. Ahora el nuevo texto propone autonomía para los indígenas reconociendo 11 pueblos y naciones pero no permite atentar contra el carácter “único e indivisible” del Estado de Chile.
Entre los puntos más polémicos está el reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas, aunque precisa que debe respetar la Constitución, tratados internacionales y que la Corte Suprema tendrá la última palabra.
El nuevo texto ofrece un fuerte enfoque ambiental, calificado por expertos internacionales como pionero en reconocer los derechos de la naturaleza, de los animales y proteger el agua como derecho humano.
De aprobarse, será la primera Carta Magna en el mundo que se redacta en una convención paritaria y que define a Chile como una “democracia paritaria”, donde las mujeres ocuparán al menos el 50% de los poderes y órganos del Estado.
La propuesta busca garantizar las condiciones para el desarrollo de todas las personas y superar los estigmas para pacientes con enfermedades mentales incluyendo derechos a una vida autónoma en favor de la neurodiversidad y neurodivergentes.
Con información de AFP.
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