En varios países de América Latina el aborto es una práctica prohibida y penalizada pese al reclamo de varios colectivos de la sociedad civil en la región que, si bien han visto avances en los últimos años hacia su legalización, constatan que la situación entre naciones es bastante desigual.
Las protestas masivas y en simultáneo -en el día internacional “por un aborto legal y seguro”- en distintos países de la región muestran una disconformidad con las leyes que rodean la prohibición total del aborto, pero también con las restricciones y, sobre todo, con las legislaciones que condenan con cárcel a las mujeres.
Así va la desigual situación de los países de América Latina con respecto al aborto:
En El Salvador, el artículo 133 del Código Penal establece una pena de 2 a 8 años de cárcel por aborto. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto o incluso la pérdida de un bebé como “homicidio agravado”, un delito penado con 30 a 50 años de prisión.
La situación parece que no mejorará, luego que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a mediados de septiembre retiró de la propuesta de reforma constitucional, elaborada por su gobierno, la posibilidad de legalizar el aborto terapéutico.
“He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción)”, dijo el mandatario y las protestas no han cesado desde entonces.
Otros países de la región donde se prohíbe totalmente el aborto son Honduras, Nicaragua, Surinam, Haití y República Dominicana.
El aborto libre hasta las 14 semanas va avanzando en el Congreso de Chile. El proyecto de despenalización del aborto fue votado en la Cámara Baja con 75 votos a favor y 68 en contra y ahora la iniciativa deberá pasar por la aprobación del Senado.
Se busca modificar la actual ley del aborto, vigente del 2017, que solo se permite en tres causales: que exista riesgo vital para la mujer en el embarazo, que el feto padezca una enfermedad congénita o genética de carácter letal o que el embarazo sea resultado de una violación.
Si la causal de aborto es distinta a las tres mencionadas, el Código Penal chileno tipifica penas de prisión.
El “aborto terapéutico” está autorizado en Perú cuando el embarazo es de menos de 22 semanas, se legalizó en 1924, pero solo se reglamentó en 2014, con fuertes restricciones y bajo el rechazo de la Iglesia católica y evangélica.
Colectivos de la sociedad civil han denunciado que en el país cada año se practican alrededor de 370.000 abortos clandestinos.
El Gobierno de Argentina promulgó en enero de este año la ley de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, aprobada tras un histórico debate parlamentario el 30 de diciembre del 2020.
El aborto en Argentina solo estaba permitido en caso de violación o de peligro para la vida de la mujer, según el código penal de 1921. Se estima que desde 1983 han muerto más de 3.000 mujeres en los entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos que se practican cada año en un país con 44 millones de habitantes.
En la región, además de Argentina, el aborto es legal en Cuba, Uruguay y Guyana.
La Corte Constitucional de Ecuador resolvió despenalizar el aborto en todos los casos de violación al modificar la ley penal, que solo lo autorizaba si la agresión era contra una mujer con discapacidad mental.
Esto, en la práctica, implica que si una embarazada a causa de una violación aborta no será sometida a un proceso penal y eventualmente encarcelada.
En Ecuador seis niñas abortan todos los días, de acuerdo con datos divulgados por la Defensoría del Pueblo. Además, en menores de 14 años el 80% de los embarazos son producto de violencia sexual.
En México el aborto antes de las 12 semanas de embarazo es legal, pero una decena de estados mexicanos adoptaron en 2007 disposiciones legales para obligar a “proteger la vida desde la concepción”.
Sin embargo, el 10 de septiembre de 2021, la Corte Suprema de México declaró inconstitucional la ley del estado de Coahuila que equipara el aborto con un asesinato, lo que estableció una jurisprudencia nacional sobre la materia.
Si bien México es un país federado donde los estados dictan sus leyes, estas pierden validez si contravienen fallos de la Corte que sientan jurisprudencia, como en el caso de Coahuila que deberá reformar su código penal.
Un comunicado de la corte detalla que “es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta”, es decir que no se establece, como se esperaba, un plazo de determinadas semanas para interrumpir el embarazo.
El Código Penal venezolano, de 1926 y reformado por última vez en 2005, sanciona el “aborto provocado” con sentencias de hasta seis años. Las penas se reducen cuando el aborto implica salvar el “honor” de la mujer o su familia, y no habrá penas si es provocado para “salvar la vida de la parturienta”.
Pero debido a la crisis económica que vive el país es difícil tener una visión general de cuántos abortos clandestinos se practican en Venezuela y bajo qué métodos.
En Brasil, el aborto solo se permite en caso de violación, riesgos para la madre o si el feto desarrolló una anencefalia, una malformación congénita del sistema nervioso. En otras circunstancias, es pasible de tres años de cárcel.
Y no hay, por el momento y bajo el mandato de Jair Bolsonaro, alguna muestra que la situación vaya a cambiar, sobre todo luego de sus declaraciones al conocer que el aborto se legalizó el aborto en Argentina.
“Lamento profundamente por las vidas de los niños argentinos, ahora expuestas a ser segadas en el vientre de sus madres con la anuencia del Estado”, escribió en su cuenta de Twitter el mandatario ultraderechista.
Con información de AFP
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