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La Asamblea Nacional francesa dio este viernes luz verde para que el uso del certificado de COVID-19, que es imperativo para muchos actos de la vida corriente como ir a un bar o a un restaurante, pueda prolongarse hasta finales de julio si el Gobierno lo considera necesario.
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Un total de 118 diputados votaron en favor de esa disposición, la principal de un proyecto de ley del Gobierno de Emmanuel Macron sobre medidas de vigilancia sanitaria, mientras que 89 se pronunciaron en contra.
La ley finaliza hoy su tramitación en la Asamblea Nacional, que es la que tiene la última palabra, después de que el Senado -donde el grupo de oposición de Los Republicanos tiene mayoría- hubiera intentado modificar varios puntos, y en particular el de la extensión del uso del certificado sanitario hasta el 31 de julio.
De hecho, varios grupos de la oposición ya han anticipado que recurrirán ante el Consejo Constitucional un texto al que reprochan que da unas prerrogativas exageradas al Ejecutivo con esa prolongación.
El Senado había querido limitar el uso del certificado COVID-19 -que prueba haber completado la pauta de vacunación, haber superado la enfermedad hace menos de seis meses o tener un test negativo de menos de 72 horas- hasta el 28 de febrero, pero el voto de los diputados invalida esa tentativa.
En la práctica, esos significa que se podrá mantener como ya ocurre desde este verano la obligación de presentarlo para ir al cine, al teatro, a un museo o a cualquier espectáculo que se celebre en un espacio cerrado o en un estadio.
El ministro de Sanidad, Olivier Véran, lo justificó durante el debate parlamentario con el argumento de que el virus sigue circulando, en particular en otros países europeos donde se habían levantado medidas de freno.
Con esta ley, subrayó Véran, se trata de poder activar esas medidas “en función de la situación epidémica y hasta el 31 de julio”.
Eso incluye la posibilidad de restringir los desplazamientos, las concentraciones o el acceso a ciertos lugares (como tiendas, cafés, restaurantes o transportes públicos) o imponer la mascarilla.
Sin embargo, para restablecer el toque de queda o los confinamientos, habría que volver a imponer el estado de emergencia sanitaria del que Francia salió a finales de mayo.
La ley endurece las sanciones contra los que cometen fraudes con el certificado sanitario, que podrán ser condenados hasta a cinco años de cárcel y a 75.000 euros de multa para los que hagan falsificaciones.
La epidemia está repuntando en Francia pero a un ritmo moderado, con cerca de 10.000 casos diarios en la última semana (9.502 este jueves) y eso se nota en los hospitales desde mediados de octubre.
De un mínimo de 6.300 hospitalizados por COVID-19 entonces se ha pasado a 6.718 ayer, y de poco más de 1.000 en las unidades de cuidados intensivos a 1.099.
Esas cifras están muy lejos de los 31.000 hospitalizados y 6.000 internados en las ucis durante la última gran oleada en abril y uno de los principales factores es el nivel de vacunación. En la actualidad un 74,4 % de la población tiene la pauta completa.
Fuente: EFE
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