Caracas [EFE]. El Gobierno de Venezuela entregó este martes un bono de unos 4,5 dólares a trabajadores independientes registrados como tal en el sistema del Carnet de la Patria, con el objetivo de evitar que salgan de casa y guarden cuarentena por la pandemia del coronavirus (COVID-19).
Por instrucción del presidente Nicolás Maduro comenzó la entrega del “Bono Especial #QuedateEnCasa (agosto 2020) para los trabajadores independientes o cuenta propia”, reza un comunicado del sistema de entrega de dichos bonos.
Ninguna institución oficial ha hecho público el monto de la ayuda, pero varios usuarios de redes sociales y medios de comunicación locales han reportado que tiene un valor de 1,3 millones de bolívares, lo que supone algo más de 4,4 dólares, según la tasa del mercado paralelo, y casi 4,5 dólares, según la tasa oficial.
Con esa cantidad, se puede comprar en Venezuela casi dos cartones de 30 huevos, algo más de un kilo de carne o un paquete de salchichas de calidad media en un supermercado.
Sin embargo, según dijeron a Efe algunos beneficiados, la cantidad es algo menor, de 1,2 millones de bolívares, es decir cerca de 4,1 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
Para poder recibir el bono, los trabajadores independientes deben haberse registrado como tal ante el sistema y las autoridades posteriormente habrán verificado “que no existe relación de dependencia con alguna entidad pública, privada o mixta”, subraya el comunicado.
Estos bonos mensuales para los trabajadores independientes se pusieron en marcha desde abril, apenas 15 días después del comienzo de la cuarentena por la pandemia de COVID-19, que hasta el momento ha dejado 4.802 casos, con 288 fallecidos.
Se estima que cerca del 60% de los trabajadores venezolanos son informales, un porcentaje que crece si se considera que muchos otros empleados que cuentan con un puesto de trabajo reglado completan sus ingresos con labores adicionales por cuenta propia.
El sistema del Carnet de la Patria, con el que se entregan estos bonos, ha sido denunciado por varias organizaciones opositoras, de derechos humanos e incluso por el Partido Comunista de Venezuela (PCV), aliado del chavismo, como un sistema de control social y de exclusión.
