Bogotá [AFP]. Colombia aumentará la presencia de militares en la frontera amazónica que comparte con Brasil y Perú por el brote de COVID-19 que golpea a esa desamparada y pobre región, y que ya llegó a la prisión departamental.
“Se ha tomado la decisión de militarizar, con más presencia, todos los puntos de frontera y ejercer el respectivo control para evitar que estén llegando casos importados de población flotante”, dijo el presidente Iván Duque este martes en un programa oficial de televisión.
Limítrofe con Perú y Brasil, el país más castigado de la región por la pandemia, el Amazonas colombiano es el departamento con la tasa más alta de infección por número de habitantes en Colombia, con 94 personas contagiadas por cada 10.000 ciudadanos.
De los primeros diez casos detectados en Leticia, su capital departamental, cinco fueron importados de Brasil, donde el mandatario Jair Bolsonaro minimiza la gravedad de la enfermedad.
Autoridades de control, médicos y oenegés han denunciado la precariedad del sistema de salud en Leticia, donde viven más de 76.000 personas y que dispone de un único hospital público sin unidad de cuidados intensivos.
Iván Duque aseguró que analizan adecuar hoteles “para ampliar la infraestructura de atención” y anunció que se endurecerá el aislamiento obligatorio.
Colombia, con casi 500 fallecidos por el nuevo coronavirus y 12.200 contagios, mantiene a la mayoría de su población confinada desde el 24 de marzo, dos semanas después de detectar el primer caso.
Las autoridades nacionales y locales han evidenciado su preocupación por la situación del Amazonas, una zona de mayoría pobre e indígena.
El director de la cárcel de Leticia, Wilson de la Hoz, alertó este martes porque teme que se le “salga de las manos” un brote detectado dentro del penal.
Al menos 89 de los 181 presos de esa hacinada prisión, que tiene una capacidad para 118 reos, están contaminados, dijo a AFP un responsable del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
“Hasta ahora a mí no me ha llegado ningún resultado (...) ni los nombres de las personas que se contagiaron”, confesó De la Hoz a la emisora Blu Radio.
El directivo no explicó cómo llegó el nuevo coronavirus al centro de reclusión, pues el gobierno suspendió desde marzo las visitas a las prisiones para evitar brotes.
La nación sudamericana decretó la emergencia carcelaria tras un sangriento motín el 21 de marzo que dejó una veintena de muertos y casi un centenar de heridos en una cárcel de Bogotá.
Además, para menguar el hacinamiento y evitar la propagación del virus en los penales, el gobierno avaló la prisión domiciliaria de más de 4.000 presos condenados por delitos menores, enfermos, mayores de 60 años o con discapacidades, entre otros.
Académicos y organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionan la lentitud de las excarcelaciones.
Pese a las medidas, se han presentado focos de contagio en cárceles. El mayor está en la prisión de Villavicencio (centro), con 859 contagiados de un total de 1.835 presos, según el director de ese penal.
Alrededor de 123.000 presos están distribuidos en 138 cárceles del país, según el Inpec. La Procuraduría, un organismo de control que vigila la administración pública, denuncia que el sistema tiene capacidad para albergar a menos de la mitad de su población actual.
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