Los colombianos eligen este domingo presidente entre el izquierdista Gustavo Petro y el independiente Rodolfo Hernández, dos candidatos ajenos a los partidos con propuestas radicales de cambio para un país en crisis.
Las encuestas mostraban un empate técnico, por lo que un resultado muy reñido del balotaje podría alimentar las sospechas de fraude -que Petro ha expresado insistentemente- y desencadenar protestas.
El senador y exguerrillero de 62 años ganó la primera vuelta con el 40% de los votos frente al 28% de Hernández (77), pero su ventaja se pulverizó tras el juego de alianzas y una campaña muy agresiva, con filtraciones y golpes bajos de lado y lado.
Los electores castigaron a las fuerzas que históricamente han gobernado y ahora escogerán al sucesor de Iván Duque entre dos alternativas inciertas que despiertan miedos en diferentes sectores.
Si vence Petro, la izquierda llegará por primera vez al poder y si el triunfo es para Hernández, estará al frente del país un millonario sin partido enredado con la justicia.
“Los colombianos nunca se habían enfrentado a esto, no ir hacia donde el entusiasmo les señala sino hacia aquel que les hará menos daño”, señala Michael Shifter, del Diálogo Interamericano.
Alrededor de 29 millones de colombianos están llamados voluntariamente a las urnas desde las 13H00 GMT hasta las 21H00 GMT. La abstención oscila generalmente entre 45 y 50%.
Colombia llega fracturada a este balotaje y con un gobierno desgastado e impopular.
Duramente reprimidas, las protestas de 2019, 2020 y 2021 reflejaron un malestar profundo frente a la desigualdad y falta de oportunidades, principalmente para los jóvenes.
Con la pandemia se agravó la pobreza, que hoy alcanza al 39% de los 50 millones de colombianos. El desempleo ronda el 11% y la informalidad el 45%. También el narcotráfico y la violencia asociada a esa actividad, con varios grupos armados expandiéndose por el territorio, serán desafíos del próximo gobierno.
Petro y Hernández representan ruptura y cambio, pero con modelos y estilos opuestos. El primero quiere robustecer el Estado, transformar el sistema de salud y pensiones, y suspender la exploración de petróleo para dar paso a energías limpias, ante la crisis climática.
“El país necesita justicia social para poder construirse en paz (...) es decir menos pobreza, menos hambre, menos desigualad, más derechos. Si no hace eso la violencia se profundiza”, sostiene Petro.
Hernández aterrizó en esta contienda como un outsider con dinero y éxito empresarial, y una propuesta de lucha anticorrupción, gobierno austero y menos burocracia.
“Voy a reducir el tamaño del Estado, a acabar la corrupción y reemplazar por funcionarios eficientes y no corruptos a aquellos que han puesto en gobiernos anteriores y que están marcados por la incapacidad y la ineficiencia”, señala.
Ambos tienen experiencia como alcaldes. Petro fue alcalde de Bogotá (2012-2015), y Hernández de Bucaramanga (2016-2019), una ciudad de unos 600.000 habitantes. El primero es un economista que quiere que los ricos paguen más impuestos y el otro un ingeniero constructor que plantea reducir el IVA del 19% al 10%.
Coinciden en que restablecerán relaciones con Venezuela, respaldarán el acuerdo de paz de 2016 con las extintas FARC y buscarán dialogar con el Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla reconocida en el país.
Ambos eligieron a dos mujeres con raíces afro como sus futuras vicepresidentas. La ambientalista Francia Márquez acompaña la fórmula de Petro y la académica Marelen Castillo la de Hernández.
Ante el espectacular giro, crecen las dudas y los miedos. Sectores poderosos y de las Fuerzas Armadas resisten a Petro por su pasado en la lucha armada y su ambicioso proyecto de reformas que, temen, afecte a la propiedad privada y conduzca al país hacia un socialismo fallido.
Si vence, los militares deberán jurar lealtad a un exguerrillero en un país traumatizado por un conflicto de seis décadas con los rebeldes de ultraizquierda.
También tiene una “personalidad que muchos asocian con intransigencia, terquedad y con un ego que limita el diálogo”, sostiene la politóloga de la Universidad Javeriana Patricia Muñoz.
Con Hernández reina la incertidumbre. El magnate que promete erradicar la corrupción está llamado a juicio por irregularidades en un contrato firmado en su época de alcalde que podría impedirle gobernar. Es un político lenguaraz, que se desdice con frecuencia y ha hecho comentarios sexistas.
Tiene “poco conocimiento del Estado (...) ¿Cómo va a gobernar cuando su discurso ha sido en contra de los congresistas y de la clase política?”, plantea la académica.
Así, los colombianos elegirán entre dos inéditas alternativas de cambio. “En realidad me siento muy desconcertada, triste y decepcionada de este país. Las dos opciones como presidentes no me gustan, absolutamente no”, señala Camila Araque, abogada de 29 años.
Fuente: AFP
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