El gobierno de Argentina ha implantado medidas riesgosas para salir de la profunda crisis económica que atraviesa. Este país fue uno de los más golpeados del mundo en el 2020, no solo por causa de la pandemia, su situación crítica ya la arrastraba desde antes que llegara el virus del COVID-19. Desde 2018 enfrenta una grave recesión y una de las peores tasas de inflación. Su moneda ya estaba devaluada cuando llegó el coronavirus.
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La crisis sanitaria y la prolongada cuarentena que dispuso el gobierno del presidente Alberto Fernández, para frenar el avance de la pandemia, provocaron una contracción económica del 10% en su Producto Interno Bruto (PIB), la peor caída en su historia. Más grave que la crisis del 2001/2002, que dejó a más de la mitad de argentinos por debajo de la línea de pobreza.
Según las actuales cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), por cada 10 argentinos, más de cuatro son pobres. La situación se complica con el pasar de los días, los precios siguen subiendo en un 40% anualmente y el peso depreciándose. Hay desesperanza en la tierra del Papa Francisco
El presidente Alberto Fernández asumió el mando en diciembre del 2019, tres meses antes llegue la pandemia a tierras argentinas. Fernández heredó de su antecesor Mauricio Macri una enorme deuda equivalente al 90% de su PIB, por esa razón no pudo acceder a créditos en los mercados financieros como lo han hecho otras naciones para financiar la crisis sanitaria.
Fernández debió reestructurar la deuda para estabilizar su economía, en vez recurrió a la emisión monetaria, es decir a imprimir dinero. La medida aceleró el efecto inflacionario en su país. El peronista Fernández y su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, también han aplicado una serie de medidas heterodoxas para paliar la crisis, algunas de ellas fueron consideradas muy polémicas. Una de las iniciativas de este gobierno fue prohibir los despidos.
El economista Martin Vauthier, director de la consultora Eco Go, explicó que en medio del freno económico y con una grave caída de la actividad en muchos sectores, prohibir los despidos dejó a las compañías sin “margen de maniobra”. El experto señaló que con esta medida las más golpeadas han sido las pequeñas y medianas empresas (pymes), que generan el 75% del empleo en el país.
Según una encuesta realizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), más de 41.000 pymes cerraron sus puertas en 2020, el doble de las que desaparecieron durante la crisis de 2001/2002. La situación se complica aun más porque hay multinacionales que están abandonando Argentina, sin la expectativa de que vuelvan.
Pese a la prohibición de despedir, el desempleo aumentó del 8,9% en 2019 al 11% a finales de 2020. La cifra equivale a unos 2,2 millones de personas que perdieron su trabajo, sin contar los casi 800.000 argentinos que dejaron de buscar empleo y desarrollar emprendimientos por las restricciones del transporte público durante la larga cuarentena.
A días de asumir el gobierno, el presidente eliminó algunos topes impositivos que fueron fijados por su antecesor y volvió a subir los aranceles. Sobre el trigo y el maíz el 12%, para el producto estrella de exportación, la soja, un impuesto del 30%. En marzo, la cifra se aumentó al 33% para los grandes productores. Con estos gravámenes se estima que el fisco argentino recaude este año unos US$8.000 millones más que la campaña pasada.
Las reacciones no se hicieron esperar, el incremento de los impuestos tensó la relación entre el gobierno y el sector agrícola, generando temores de que volvieran los enfrentamientos y paros del 2007 cuando Cristina Fernández de Kirchner sucedió a su esposo e intentó aumentar la tasa sobre la exportación de soja al 35%.
Por casi estalla un conflicto social en medio de la pandemia. El presidente argentino suspendió temporalmente las exportaciones de maíz con la intención abaratar el costo local de la carne y la leche (el maíz se usa como alimento de las vacas), y amenazó con expropiar la quebrada cerealera Vicentin, una de las principales empresas agroexportadoras del país. No obstante, el gobierno dio marcha atrás con ambas iniciativas y evitó el conflicto.
Anterior a esta Ley, Argentina ya tenía un impuesto a la riqueza, el llamado Impuesto a los Bienes Personales, que aplica tasas que van del 0,5% al 1,25% para patrimonios en el país y del 0,7% al 2,25% para bienes en el exterior. Por este motivo, los críticos afirman que el nuevo impuesto supone una “doble imposición”. También lo consideran “confiscatorio”, ya que ambos gravámenes sumados pueden llegar al 7,5%, más que cualquier renta financiera, obligando a algunas personas a tener que vender parte de su patrimonio.
Pero el punto más controvertido de esta ley es que también impacta en los bienes productivos. Según la Fundación Barbechando, compuesta por productores agroindustriales, el nuevo impuesto grava el capital de trabajo, los bienes de cambio (stock de granos, hacienda), la maquinaria y todos los demás activos que, en su conjunto, son la base de producción y desarrollo de la Argentina.
La Fundación y diversos grupos empresariales advirtieron que la ley “aumentará el desempleo y desalentará la inversión”. El 22 de marzo pasado una jueza federal aceptó un amparo presentado por un ejecutivo que consideró que el impuesto afecta su derecho a la propiedad. La magistrada ordenó al fisco abstenerse de cobrar el aporte en ese caso. Ahora la justicia deberá definir si el nuevo gravamen es constitucional o no.
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