La expresión ‘abogado del diablo’ —que se deriva del latín advocatus diaboli— se emplea para referirse a quien defiende una opinión o idea contraria y para ello cuestiona, con sustento y lógica, los argumentos y las premisas de la otra parte con que se polemiza o enfrenta.
Es el caso de quien, al hacer de ‘abogado del diablo’, contradice a otra persona o institución con ideas y hechos, se espera válidos.
Ser ‘abogado del diablo’ era un oficio ejercido por sacerdotes doctorados en derecho canónico, que el papa Sixto V (1521-1590) estableció en 1587 con el nombre de ‘promotor de fe’.
Quienes recibían tal encargo debían dar argumentos en contra de los procesos de beatificación y canonización, a fin de que solo lleguen a ser beatos o santos quienes lo merecían por acreditar, sin duda, milagros y vidas al servicio a Dios.
En la práctica, el ‘abogado del diablo’ era un fiscal para rebatir u objetar las pruebas en los procesos de canonización, o exigía otras, a la vez que buscaba descubrir errores en la documentación para convertir a alguien en beato (verificado un milagro por su intercesión) o santo (verificado un segundo milagro).
Hoy, el término ‘abogado del diablo’ es de uso general para referirse a quien busca señalar fallas o contradicciones en las ideas de otros.
En 1983, el papa Juan Pablo II abolió el oficio de ‘abogado del diablo’ para reemplazarlo por el del menos severo ‘promotor de justicia’, gracias a lo que de las 98 canonizaciones previas del siglo XX la Iglesia católica pasó a proclamar medio centenar de santos y 1300 beatos.
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