Fernando Armas se pronunció sobre la situación legal de Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, luego de conocerse que el Ministerio Público solicitó 30 años de prisión en su contra.
El comediante fue consultado sobre el caso y dejó en claro que no busca que ninguna persona sea privada de su libertad, aunque consideró que corresponde a las autoridades determinar las responsabilidades.
En ese sentido, Fernando Armas manifestó: “No deseo que a nadie se le prive de su libertad, pero la justicia tendrá que hacer su trabajo. La justicia es igual para todos”.
Fiscalía pide más de 4 años de cárcel para ‘Chibolín’
Andrés Hurtado volvió a quedar en el centro de un expediente judicial que ahora lo enfrenta a un nuevo pedido de prisión. Esta vez, la Fiscalía Anticorrupción lo acusa de haber intervenido irregularmente en el trámite que realizó el futbolista Roberto Siucho para renunciar a la nacionalidad peruana y poder continuar su carrera deportiva en China.
La acusación fue presentada por la fiscal Mónica Silva Escudero, quien solicitó cuatro años y ocho meses de cárcel efectiva para el exconductor de televisión, además de diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de 242 días multa.
En el programa de WillaxTV se difundió una imagen en la que aparecen Andrés Hurtado, la fiscal Luz Elizabeth Peralta y los hermanos Francisco Iván y Roberto Siucho. (Programa “Beto a Saber”)
El documento ingresó al despacho del juez Walther Huayllani el pasado 29 de abril y fue puesto en conocimiento de las partes procesales el 5 de mayo. A partir de esa fecha, las defensas recibieron un plazo de diez días para responder al requerimiento fiscal.
Según la tesis del Ministerio Público, Hurtado habría utilizado presuntas influencias para favorecer a Roberto Siucho ante la Superintendencia Nacional de Migraciones durante el 2019.
La investigación sostiene que el exanimador habría coordinado acciones vinculadas al trámite que permitió al futbolista dejar la nacionalidad peruana para poder jugar profesionalmente en China.
En el mismo proceso también fue incluida la exsuperintendenta nacional de Migraciones, Roxana del Águila. Para ella, la Fiscalía pidió cinco años y cuatro meses de prisión por el presunto delito de tráfico de influencias agravado.
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