TRÁMITE EXPRESS. El proceso de renuncia a la nacionalidad peruana del futbolista Roberto Siucho, cuñado del ‘Orejas’ Edison Flores, comenzó en diciembre de 2019, pero los registros de Migraciones revelan que, tras varios días sin movimiento, el trámite avanzó de manera inusualmente rápida en un solo día, gracias a la intervención del investigado conductor de televisión Andrés Hurtado ante la exsuperintendente de Migraciones, Roxana del Águila.
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De acuerdo con el dominical ‘Punto final’, este avance coincide con el encuentro entre Siucho, Chibolín y y la entonces superintendente de Migraciones, quien, según el testimonio del futbolista, facilitó el trámite.
Sin embargo, esta última niega irregularidades y refiere que la rapidez del trámite se debe a su naturaleza electrónica.
No obstante, el detalle de fechas y acciones en el expediente refuerza la hipótesis de un trato preferencial, por lo que según el dominical -habría existido- un esquema de tráfico de influencias en la entidad.
Roxana del Águila ejerció como gerente general y superintendente de Migraciones entre el 2016 y el 2021.
FAMILIA SIUCHO ECHÓ A CHIBOLÍN
Cabe señalar que la familia Siucho acusa a Andrés Hurtado de haber acelerado el trámite de nacionalidad de Roberto Siucho a cambio de grandes sumas de dinero para “ayuda social”, además de la entrega de un lujoso automóvil BMW, propiedad de su hermana Ana Siucho y su cuñado, el futbolista de Universitario de Deportes Edison Flores, a cambio de este presunto favor.
La Fiscalía ha abierto dos investigaciones contra Chibolín, una de ellas relacionada con lavado de activos. En tanto, la defensa de Siucho sostiene que sus declaraciones y las de su familia son la “verdad”.
Actualmente, el conocido presentador de televisión, Andrés Hurtado, cumple sentencia de prisión preventiva por 18 meses en el penal de Lurigancho mientras enfrenta una investigación fiscal por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico.
La decisión fue tomada por el Poder Judicial, a cargo del juez Juan Carlos Checkley Soria, quien consideró que Chibolín no cuenta con arraigo domiciliario, familiar ni laboral, lo que incrementa el riesgo de fuga y obstaculización del proceso.
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