La difusión de un video en el que se observa a Bryan Torres agrediendo a Samahara Lobatón en su vivienda de Surco ha generado conmoción en el entorno del espectáculo peruano y reavivado el debate sobre la violencia familiar.
La abogada Mayda Mendoza explicó que, pese a que la denuncia no fue presentada inicialmente por la víctima, los hechos registrados configuran un caso de violencia familiar, lo que podría derivar en una condena de hasta 12 años de prisión para el cantante, según reportó Exitosa.
El incidente habría ocurrido en 2025, mientras la relación sentimental entre Torres y Lobatón persistía. En las imágenes, que circularon en redes sociales el 12 de enero, se observa el momento de la agresión dentro del domicilio de la joven.
Según declaraciones recogidas por Exitosa, Mendoza sostuvo que la legislación peruana permite que cualquier persona, no solo la víctima, interponga una denuncia por violencia familiar. “Sí procede la denuncia”, aseguró la especialista, quien recordó que la madre de la influencer, Melissa Klug, fue quien acudió a la autoridad policial.
Video de la agresión bastaría para condenar a Bryan Torres
De acuerdo con la abogada, la existencia de un video sería una prueba contundente en el proceso judicial y podría aumentar la severidad de la sentencia.
“En lesiones graves normalmente es de 4 a 8 años, pero cuando se trata de violencia familiar como en este caso es entre 8 a 12 años de pena privativa”, afirmó Mendoza en diálogo con Exitosa.
Además, la especialista puntualizó que no se puede tipificar el caso como feminicidio debido a la ausencia de un certificado médico legal y de la intervención de un médico legista. Sin embargo, aclaró que la denuncia continuará su curso y que la investigación judicial corresponde a las autoridades.
Mendoza advirtió que este tipo de situaciones son recurrentes en el entorno familiar, afectando no solo a mujeres, sino también a otros integrantes de la familia. La especialista insistió en la importancia de que las pruebas audiovisuales se consideren como elementos válidos ante la justicia para garantizar la protección de las víctimas.