Una serie de diligencias preliminares contra Andrés Avelino Hurtado Grados, ‘Chibolín’, inició ayer la Segunda Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. En el marco de ello, se ordenó interrogar a Javier Miu Lei y los hermanos Ana, Francisco y Roberto Siucho. Asimismo, pedir información comercial, financiera, bancaria y tributaria entre enero de 2019 y agosto de 2024. Además, requerir a la Sunarp las partidas registrales de bienes muebles e inmuebles, así como el registro de accionistas, directorios, mandatos y poderes relacionados con el imputado.
Días antes, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria abrió una investigación en contra de ‘Chibolín’ por tráfico de influencias, junto a la fiscal de lavado de activos Luz Elizabeth Peralta Santur, Javier Miu Lei e Iván Siucho Neyra.
La indagación, a cargo del fiscal Alcides Chinchay, ha sido declarada como compleja y tiene un plazo de ocho meses.
El penalista Andy Carrión advirtió que los vínculos con ‘Vaticano’ complican la situación legal de ‘Chibolín’. “Le abre un nuevo frente, la representación de bienes vinculados a un narcotraficante. El otro es que sería intermediario eventualmente de tráfico de influencias entre autoridades públicas. Por este caso tiene abierta una investigación por lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias”, indicó.
La exprocuradora Katherine Ampuero afirmó que es difícil que Hurtado se acoja a la colaboración eficaz, pues ya existe alguien que está entregando pruebas.
El animador tendría que entregar información mucho más gruesa y contundente para aceptarlo como colaborador.
En tanto, la abogada Rommy Chang señaló que no se puede descartar la posibilidad de que el millón de dólares que pidió Hurtado no haya llegado a las manos de la fiscal Peralta.
Sobre esta última, aseveró que no es creíble su versión de que la engañaron para beneficiar a los hermanos Siucho. “Una fiscal debe tener olfato y saber si hay algo raro”, expresó.
Contenido GEC