En el caso de Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra, la opinión pública se inclina hacia la defensa de la exconductora de televisión. El alcalde de La Molina expresó su malestar por esta situación con la frase “la ley no es igual para los hombres”. Ciertamente, hay desigualdad, pero no es la que denuncia el funcionario público con elocuencia e indignación.
Por lo pronto, a más de uno sorprendió la inmediatez con que la Policía Nacional y personal de Serenazgo de La molina, acudió al llamado de Álvaro Paz de la Barra. Llamó la atención porque la mayoría de veces que un ciudadano común solicita ayuda de estas autoridades, la reacción, si es que tiene suerte, no suele ser tan veloz.
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El informe “Por una atención Policial de Calidad de la Defensoría del Pueblo (2018)” menciona que el 71 % de las Comisarías Especializadas de Familia (CEF) carecen de ambientes adecuados para recibir las denuncias o testimonios de las la víctimas de violencia que resguarden la dignidad e intimidad de las mujeres e integrantes del grupo familiar mientras brindan su declaración, a pesar de que la Ley N° 30364 así lo establece.
La situación empeora, de acuerdo a la misma investigación de la Defensoría, cuando se trata de comunidades indígenas y personas con necesidades especiales: solo el 17 % de jefaturas reconoce que los grupos étnicos culturales en su jurisdicción requieren una atención que se adecúe a sus distintas necesidades, sobre todo la de la ser atendidos en su propia lengua. Y solo el 2 % de delegaciones policiales cuenta con el servicio de intérpretes en lenguaje de señas.
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Ante este escenario, cabe preguntarse si es que Álvaro Paz de la Barra tiene más derechos que otros ciudadanos por ser alcalde. Y, de ser así, ¿por qué el área de prensa de la municipalidad del distrito que gobierna difunde partes y grabaciones de las discusiones con Sofía Franco a medios de comunicación? ¿Estamos frente al delito de utilización de recursos del estado en beneficio propio?
ALÓ, ¿POLICÍA?
El docente de Derecho de la Universidad Científica del Sur, Hans Cuadros Sánchez, señala que podría tratarse de un delito funcional, que es como se le conoce a las faltas que son cometidas por trabajadores estatales. “En calidad de alcalde tiene ciertas prerrogativas para la disposición de los bienes del estado o de los trabajadores del estado. También podría ser una falta que estarían cometiendo trabajadores de la propia municipalidad bajo su orden”.
Para determinar si Álvaro Paz de la Barra incurrió en este delito, el Ministerio Público debe abrirle una investigación. “Puede ser por iniciativa propia de un fiscal o por denuncia formulada por algún vecino de La Molina, que considere que Paz de la Barra está haciendo un uso indebido del cargo”, sostiene el catedrático.
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La sanción que recibiría, si se comprueba el delito, la determinaría la institución antes mencionada. Si es penal, va acompañada de la suspensión de ejercer cargos públicos por el tiempo que determine su sentencia.
En este punto conviene recordar un nombre: Jorge Alfonso Rojas Bernuy, quien cumple funciones de periodista en el área de prensa de la municipalidad de La Molina desde febrero del 2020. En una entrevista con un reportero de Magaly Medina, el trabajador ofrece grabaciones de la discusión entre la pareja y el documento de la negativa de Sofía Franco a pasar por una prueba toxicológica.
PADRE, ESPOSO Y POLÍTICO
En un spot publicitario para la campaña municipal del 2018, que publicó en su canal de YouTube, Álvaro Paz de la Barra se emociona y afirma que ama a su familia: su aún esposa Sofía Franco y su menor hijo de 8 años. También sostiene que ingresó a la política porque es un ciudadano que quiere que la gente recupere la confianza en un futuro mejor. Fue un buen año para Paz de la Barra pues ganó esas elecciones gracias al partido que lo invitó como candidato, Acción Popular.
En 2019, continuó con su buena estrella y fue elegido Presidente de la Asociación de Municipalices del Perú (AMPE). Tras el reciente escándalo, sin embargo, ambas asociaciones políticas han deslindando de Paz de la Barra.
El actuar del Alcalde de La Molina es, para el docente, un ejemplo de lo que sucede en la cultura política de nuestra sociedad. Para ejemplificar su punto, Hans Cuadros menciona a los congresistas, quienes aprovechándose de su cargo, contratan a través del Estado seguridad privada. “El funcionario considera que su situación, su cargo, le otorga ciertos privilegios y eso es atentatorio contra la igualdad entre los ciudadanos porque se aprovechan del poder que tienen”. Durante el estado de emergencia, la Fiscalía investigó más de 500 denuncias de corrupción de funcionarios.
FAVOR CON FAVOR…
Preguntado por las causas, el investigador de la UCSUR atribuye la recurrencia de este tipo de problemáticas a, entre otros aspectos, la falta de fiscalización, porque no existe una autoridad o un organismo que cuestione o revise directamente las acciones que realiza un funcionario. Como consecuencia, tiene un amplio margen de acción para utilizar indebidamente el cargo.
Otra razón son las llamadas redes de microcorrupción, actividades que en la práctica no generan un escándalo, pero se configuran como la idea del favor. “El hecho de no chocar y más bien quedar bien con el otro, favorecerlo para que yo pueda cobrar ese favor, se da esa dinámica bastante en el ámbito de la política, lo vemos a diario”.
Yendo más a fondo de la situación, parte del problema también se encuentra en los partidos políticos: según registros del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), sólo el 2 % de la población peruana confía en ellos. Estas prácticas se convierten en la cotidianeidad de nuestro sistema público porque los funcionarios se dan cuenta que la única manera de mantenerse en el poder es siguiendo esas dinámicas.
Pero si una figura pública como Sofía Franco, con privilegios y recursos, recibe esta clase de tratos, ¿qué le espera al ciudadano común? En sociedades estructuralmente desiguales, este tipo de discriminaciones pueden poner en riesgo la seguridad y la vida de las personas, como se ve a diario. “Es como si se condicionaran tus derechos fundamentales a tener un contacto en la administración pública”, sentencia el especialista.
LAZOS FAMILIARES
En la declaración jurada que presentó Álvaro Paz de la Barra en el 2020, destaca el monto que gana tanto en el sector privado como público. Su total de ingresos, más el de sus bienes, asciende a 5 121 847 soles.
Su cuantiosa fortuna la hizo gracias a las oportunidades que le brindaron sus padres. La trayectoria del padre de Álvaro ha sido cuestionada desde sus inicios, Vladimir Paz de la Barra, quien falleció en junio de 2020, fue acusado de desaparecer el expediente del narcotraficante Evaristo Porras Ardilla, conocido como Papa Doc, quien se encontraba capturado en Colombia y debía ser extraditado al Perú para ser juzgado por narcotráfico. El 10 de noviembre de 1988, Paz de la Barra padre fue sancionado por la Sala Plena de la Corte Suprema con 30 días de suspensión.
Su paso como integrante de la Corte Nacional de Magistratura (CNM), institución encargada de designar jueces y fiscales, tampoco estuvo exenta de conflictos de intereses. El 17 de setiembre de 2014 renunció a la desaparecida institución luego de que el medio IDL-Reporteros indicara que el estudio de abogados de su hijo patrocinó al ex presidente regional de Áncash, César Álvarez, en cinco casos. Álvarez fue condenado a 35 años de prisión por ser uno de los autores intelectuales del asesinato del consejero regional de oposición, Ezequiel Nolasco.
Su madre Fanny Freigeiro Mora, también abogada de profesión, se presentó como candidata al Congreso por el partido Alianza por el Progreso, donde su difunto esposo desempeñaba funciones como vocero y secretario, el hombre de confianza de César Acuña. Mientras que la hermana del alcalde se hizo conocida esta semana después de que amenazara a Magaly Medina a través de uno de sus reporteros. En un escueto mensaje le dijo que la conductora tendría problemas si seguía defendiendo a Sofía Franco.
La poco velada amenaza cobra mayor relevancia cuando recordamos que, según el último ranking sobre Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, el Perú pasó de ocupar el puesto 85, en 2019, a ocupar el puesto 90, en 2020, de un total de 180 países, encontrándose así en la categoría de situación problemática
CRISIS Y DESIGUALDADES
“Álvaro Paz de la Barra representa a la figura del funcionario público que llega a serlo porque tiene acceso a educación, tiene ingresos económicos para ingresar a la política, pero que detrás de él hay una historia de desigualdad de oportunidades”, explica Cuadros Sánchez.
Este acontecimiento que involucra a una autoridad política que estaría abusando de su posición y poder para beneficiarse, en medio de una pandemia que ensancha a diario las ya existentes desigualdades sociales, tal vez resuena con mayor intensidad en la opinión pública; indigna, escandaliza y frustra. Pero también permite cuestionar, como señala Sánchez, los motivos por los que el Perú continúa siendo un país donde no todos tienen acceso a los mismos derechos.
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