El presidente en funciones del Congreso, Fernando Rospigliosi, sostuvo una reunión con representantes del Comité Olímpico Peruano (COP) para dialogar sobre acciones orientadas a fortalecer el deporte nacional y evaluar la propuesta de modificación de la Ley General del Deporte.
Según una nota de prensa del Palacio Legislativo, ambas partes coincidieron en la necesidad de promover la participación de los actores involucrados antes de su eventual debate.
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A esta importante reunión, realizada en la sede del Congreso de la República, asistieron el presidente del Comité Olímpico Peruano, Dr. Renzo Manyari; el presidente de la Federación Deportiva Nacional de Tiro Peruana y expresidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Juan Carlos Huerta; y Eduardo Dibós.
El mandatario del COP expuso ante la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso serias observaciones al proyecto de la nueva Ley del Deporte.
El dirigente advirtió que la iniciativa requiere modificar al menos 45 artículos para adecuarse a la realidad del sistema deportivo nacional. ‘Uno de los principales problemas del proyecto es la falta de participación de las federaciones deportivas. De las cerca de 60 existentes en el país, solo unas pocas fueron convocadas a las mesas de trabajo, lo que evidencia una escasa socialización de la propuesta’, indicó el titular.
En ese sentido, resulta importante resaltar que, en las cuatro rondas de trabajo que ha tenido la comisión con el congresista Carlos Zeballos, solo en una ocasión se solicitó la intervención del COP. Asimismo, se ha omitido la voz de las federaciones deportivas nacionales y la opinión de los atletas de alto rendimiento, intentando, de esta manera, sorprender a la opinión pública.
Otro punto crítico señalado por el dirigente fue la posible afectación a la autonomía de las federaciones y asociaciones civiles. En ese sentido, cuestionó que la norma pretenda intervenir en aspectos internos como la elección de autoridades o la admisión de miembros. ‘No se puede exigir a una federación cómo elegir a sus representantes o cómo manejar su organización. Eso vulnera el derecho a la libertad de asociación y podría ser inconstitucional’, enfatizó.
